El ministro irlandés de Justicia e Interior, Alan Shatter, cuyo Gobierno ejerce la presidencia de turno de la Unión Europea (UE) en el primer semestre de 2013, presidió ayer un encuentro bilateral entre la UE y EEUU en el que abordaron el ciberespionaje de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA) y del FBI, que han tenido acceso a millones de registros telefónicos amparados en la Ley Patriota, aprobada tras los atentados del 11 de setiembre de 2001.

A raíz de las filtraciones del exempleado de la CIA Edward Snowden al diario británico «The Guardian» y al estadounidense «The Washington Post», se supo de la existencia del programa secreto PRISM, que permite a la NSA ingresar directamente en los servidores de nueve de las mayores empresas de internet estadounidenses, como Google, Facebook, Microsoft y Apple, para espiar en el extranjero.

El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, justificó el espionaje bajo el argumento de que no es indiscriminado sino que se concentra en personas «sospechosas de terrorismo o ciberdelincuencia» y que está sujeto a supervisión judicial.

«El Gobierno no puede apuntar a cualquiera en este programa salvo que exista un objetivo apropiado y documentado de inteligencia exterior, como la prevención del terrorismo, ciberactividades hostiles o proliferación nuclear. No podemos apuntar a extranjeros sin un objetivo válido de inteligencia», alegó. Con ánimo de paliar las críticas, aseguró que «la recogida de información bajo este programa está sujeta a un amplio régimen de supervisión con revisiones de la rama ejecutiva, legislativa y judicial», y que el Congreso estadounidense conoce estas actividades. Añadió que «este programa no permite escuchar las llamadas de nadie», sino que la única información que se obtiene son los metadatos, como números marcados o duración de la llamadas.

Sobre Snowden, advirtió que «rendirá cuentas» porque «las filtraciones son extremadamente dañinas y se ha puesto en peligro la seguridad nacional, la de la ciudadanía estadounidense y de los países aliados».

La responsable de Justicia de la UE, Viviane Reding, dio por válidas estas explicaciones que, en su opinión, «permiten disipar las sospechas de que hay una especie de Gran Hermano que se entromete en la privacidad. Tiene que haber una orden judicial, solo puede hacerse cuando haya una sospecha seria de delito y no es un espionaje indiscriminado en la comunicación de todos los ciudadanos. Era muy importante saberlo».