E duardo Vigo, «Teto» Fialhega, Antom Santos y María Osorio serán juzgados desde hoy en la Audiencia Nacional española. Fueron arrestados hace dos años, en noviembre de 2011, durante una redada de la Policía española en A Coruña y Pontevedra, en la que se incautaron algunos artefactos caseros. El fiscal pide para ellos un total de 64 años de cárcel. Por primera vez en los últimos años ha incluido la acusación de «integración en organización terrorista». «Se trata de un caso especial porque puede suponer un punto de inflexión. En juicios anteriores nunca apelaron a ese término», explica Alfonso García, miembro de Ceivar, la coordinadora antirrepresiva gallega. «Es un salto cualtitativo», confirma Borxa Colmenero, uno de los abogados de la defensa. Los cuatro acusados (tres de los cuales permanecen todavía en prisión, dispersados a cientos de kilómetros de Galiza) han recibido el apoyo de diferentes sectores sociales. Una treintena de partidos y organizaciones, han firmado un manifiesto en el que alertan sobre el «impulso político» del proceso y expresan su preocupación ante la posibilidad de que el tribunal de excepción determine «la existencia de una organización terrorista», lo que abre la puerta a la criminalización del soberanismo. También formaciones como el BNG, Anova o AGE denuncian el procedimiento. Temen que del «todo es ETA» aplicado en Euskal Herria se pase a un «todo es Resistencia Galega».

«Las pruebas se basan en periciales, de hecho, dos de los acusados solo tienen la acusación de `pertenencia'» indica Colmenero. Más que hablar sobre hechos concretos, es probable que el juicio adopte el formato de procesos como el 18/98, con policías españoles y guardias civiles defendiendo la «teoría del entorno». De hecho, el Ministerio Fiscal ya apunta a organizaciones como la propia Ceivar, AMI, centros sociales, grupos ecologistas, de montaña e incluso a Galicola, un refresco con el que se financian campañas de normalización lingüística. Teniendo en cuenta la experiencia vasca, resulta lógico preguntarse si este salto cualitativo puede abrir la vía a las ilegalizaciones. «Hacer política ficción es aventurado, pero hace cinco años era una quimera y hoy puede ser una posibilidad», señala Colmenero. No se puede olvidar que medios de la derecha española, como «Abc» ya han señalado a varios de estos colectivos.

Por eso, la defensa ha citado como testigos a los portavoces de PP, PSOE, BNG y AGE en el Parlamento gallego, así como a expertos universitarios. Su objetivo es demostrar que no existe una organización armada como tal en Galiza, sino que se han registrado sabotajes individuales. «Se imputan 35 acciones aún cuando la propia Policía reconocen que solo tres de ellas pudieron resolverse con detenciones», recuerda el letrado, quien añade que en ninguno de estos casos se aplicó la figura de la «integración». Pese a ello, todavía existen otros procedimientos abiertos en los que se insiste en la existencia de una «estructura militar» vinculada al independentismo gallego y en los que se aplican conceptos como la «pertenencia indirecta» o la «complementariedad».

«Si logran que salga una organización terrorista nos encontraremos ante la amenaza de ilegalizaciones, de la criminalización de la solidaridad con los presos o de futuras detenciones», advierte García, que califica como «desorbitadas» las penas solicitadas por el fiscal. Más de 400 personas se manifestaron el pasado fin de semana en Santiago de Compostela para denunciar un «juicio político» cuyas consecuencias podrían ir más allá del proceso en sí y que apunta a la criminalización de todo un movimiento.