El Consejo, el Parlamento y la Comisión de la Unión Europea (UE) lograron ayer un principio de acuerdo sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que se aplicará en los próximos siete años, y que recibió el visto bueno de la comisión de Agricultura de la Eurocámara, si bien criticó la negativa de los 27 a tratar cuestiones financieras, y advirtió que su apoyo definitivo en otoño está condicionado a que haya un acuerdo sobre los presupuestos de la UE para el periodo 2014-2020.

La nueva PAC, que contará con la mayor partida del presupuesto de la Unión en los próximos siete años -400.000 millones de euros de los que el Estado español espera percibir más de 50.000-, incluirá como principal novedad la concesión de un 30% de los pagos directos a cambio de prácticas «verdes»: mantener pastos, diversificar cultivos o mantener áreas de interés ecológico.

Otro aspecto muy debatido fue la propuesta de la Comisión de instaurar una «tasa plana» igual para todos los agricultores a nivel estatal, que finalmente quedó rebajada a un nivel de convergencia interna del 60% de la media del pago medio regional por hectárea en 2019, siempre y cuando las explotaciones no sufran pérdidas del 30%.

Además, habrá un esquema de apoyo obligatorio para los jóvenes agricultores (hasta los 40 años de edad) de hasta un 2% del sobre nacional de ayudas directas, y un esquema opcional para las pequeñas explotaciones que incluirá un pago máximo de 1.250 euros utilizando hasta un 10% del sobre nacional.

Sobre las ayudas «acopladas» (las que excepcionalmente se vinculan a la producción), variarán entre el 8 y el 13%. En cambio, la reforma no contempla nuevas medidas para reforzar al sector lácteo como pedían algunos estados.

Crítica de EHNE

El sindicato EHNE lamentó que «se venda como un triunfo mantener el actual statu quo de una política agraria que ha llevado a la desaparición de miles de explotaciones en los últimos años». Afirma que es «inaceptable» que en el Estado español «se beneficien de las ayudas 910.000 perceptores, siendo profesionales cotizantes a la Seguridad Social Agraria 350.000», por lo que criticó que «se vuelva a perder la ocasión de defender al agricultor activo».

Añade que, tras la reforma, un agricultor vasco «seguirá recibiendo un 69% menos de ayudas que un francés, un alemán o un británico».