La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno de Gasteiz, Arantza Tapia, desveló ayer en Bilbo el montante de dinero que el sector naval vasco debería devolver a la UE por las bonificaciones fiscales, consideradas ilegales, con las que se financió la construcción en el Estado español de 275 buques entre 2002 y 2010.

Tapia aseguró que ninguno de los cinco astilleros vascos -la Naval, los dos de Zamakona, Murueta y Balenciaga- sería «capaz de hacer frente a la devolución» que les correspondería y que en total, rondaría los 1.000 millones de los alrededor de 3.000 que tendría que reembolsar el sector naval español.

«Es imposible que lo puedan asumir. Ni con la máxima colaboración del Gobierno en este momento sería posible. El escenario de cierre de estos astilleros es más que probable y ellos lo saben. Es una situación muy dura», dijo la consejera.

Advirtió que la resolución, que se conocerá antes de que acabe el próximo mes de julio, tiene «visos de ser muy mala para todos» y, en especial, para los entre 3.000 y 6.000 puestos de trabajo directos e indirectos que genera el sector naval, según sus cálculos.

Tapia hizo hincapié en que para la CAV, un dictamen en contra del sector naval sería «letal» y supondría «el cierre definitivo de los cinco astilleros sin la más mínima duda».

La responsable de Desarrollo Económico admitió que su Ejecutivo «poca cosa» puede hacer para impedir la sanción, salvo generar «la máxima presión a nivel del Estado y europeo» para tratar de mitigar el castigo.

Otro miembro del Ejecutivo de Gasteiz, en este caso su portavoz, Josu Erkoreka, no se mostró tan pesimista y matizó que no descartan la posibilidad de que la información respecto a que se tengan que devolver la mayoría de las ayudas «no se corresponda puntualmente con lo real» y que la resolución final de las instituciones europeas «sea más beneficiosa para los astilleros, singularmente para los vascos».

Explicó que existen dos puntos «controvertidos», porque, por una parte, se habla de si la suma se eleva o no a 3.000 millones, ya que «se puede calcular de muy diferente manera» y, por otro lado, está la cuestión de si los beneficiados han sido los astilleros o los armadores.

«Parece ser que la UE considera que han sido los armadores y que, por tanto, quienes deberían satisfacer las cantidades no pagadas a las haciendas públicas deberían ser los armadores y no los astilleros, lo que les liberaría de esa responsabilidad», agregó.

Petición del sector

Entretanto, el sector naval vasco exigió ayer al ministro español de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que se encargue personalmente de las gestiones ante la Comisión Europea y criticó que el Ministerio haya delegado en «segundas espadas» la defensa de este caso.

UGT y CCOO y la patronal de astilleros privados (Pymar) enviaron el miércoles una carta al comisario de Competencia, Joaquín Almunia, en la que le piden que aplique al Estado español el mismo trato que al francés sobre el sistema de exenciones fiscales y, por lo tanto, se declaren ilegales pero no se exija su devolución.