Fiel a su estilo, Mariano Rajoy ha decidido dar la callada por respuesta ante el «caso Bárcenas» y la difusión de documentos manuscritos por el extesorero que evidenciarían la financiación irregular del PP y el cobro de sobresueldos por parte de muchos de sus dirigentes. Han sido otros miembros de su Gabinete quienes han tratado de defender la honorabilidad del presidente español, pero tienen ante sí una tarea complicada. Cada día se produce una nueva revelación que invalida sus endebles diques argumentales y, en términos de opinión pública, lo cierto es que la credibilidad del antiguo senador cotiza más que la del partido que gobierna en el Estado español.

Ni siquiera los más convencidos afiliados del PP creen la versión de su formación en este tema. Cualquiera que sea, porque han sido muchas y muy diferentes las que han salido de la madrileña calle Génova en los últimos cuatro años. Y, sin embargo, aun cuando todo el mundo da por hecho que las acusaciones son ciertas, es improbable que este caso provoque el terremoto político que merece. No lo hará, porque buena parte de los partidos del Estado, incluido el principal grupo de la oposición, sufren su propia penitencia por este mismo motivo, y apenas pueden levantar la voz sin sonrojarse. Los casos de corrupción son tan numerosos que forman parte del paisaje peninsular, con la aquiescencia, todo hay que decirlo, de una ciudadanía que hasta ahora no ha penalizado estas prácticas. El presidente español está preocupado por el zarandeo al que le están sometiendo algunos medios cercanos a su base electoral, que tienen su propia agenda. Si no fuera por eso, no tendría ningún motivo para sentirse alarmado.

En este caso, el dedo corrupto de Bárcenas señala a Rajoy y con él a toda la cúpula del partido gobernante, pero también a un Estado en el que el envilecimiento del arco político no es consecuencia de un proceso degenerativo sino que viene de serie. El sistema nacido en el epílogo del franquismo ha sido, es y será corrupto.