En estos tiempos de crisis, además de pesar sobre los medios audiovisuales autonómicos sendas amenazas y restructuraciones en clave de expedientes regulativos de empleo, predomina una cuestión de marcado índole político relacionado con la difusa frontera que delimita el libro de estilo que esgrimen estos entes y el condicionante-presión que ejercen los partidos que regentan el poder. Un buen resumen de todo ello es lo que estos días está aconteciendo en los medios audiovisuales públicos de Catalunya, TV3 y Catalunya Ràdio.

Según establece la nueva reforma que afecta a los medios públicos catalanes, TV3 y Catalunya Ràdio pasarán a depender exclusivamente del Parlament. Esta medida ha sido impulsada desde el Govern para priorizar un modelo comunicativo sustentado en la transparencia y la sostenibilidad.

Al parecer, la intención de este anteproyecto es que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) quede «completamente desgubernamentalizada» para, de esta manera, alejar a los medios catalanes englobados en está corporación, de todo tipo de sospechas o presiones políticas. Así, los medios catalanes públicos se alejarán del Govern y pasarán a depender del Parlament.

Durante la presentación de esta iniciativa, el conseller de Presidència, Francesc Homs, ha afirmado que «la idea es reforzar la plena autonomía de la CCMA respecto del Govern y consolidar la intervención del Parlament para que los medios públicos mantengan su perfil de garantes del pluralismo político y social». En relación a la problemática laboral por la que atraviesan estos medios catalanes, el Govern pretende que los consejeros de la CCMA y el CAC -Consell de l'Audiovisual de Catalunya- que no tengan dedicación completa, no cobren sueldo. Únicamente, los presidentes de ambos consejos, tendrían derecho a cobrarlo.