El 10 de junio de 2011, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras en una solemne ceremonia celebrada en la en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño -sede del Gobierno- y a la que asistió el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en calidad de testigo de honor. El Ejecutivo se fijó como objetivo, así lo expresó el propio presidente, devolver a los colombianos más de dos millones de hectáreas. Una cifra considerable pero lejana a los diez millones de hectáreas de los que se calcula han sido despojados y que han causado el desplazamiento forzado de cerca de seis millones de personas. El 18 de octubre de 2012, coincidiendo con el arranque oficial en Oslo de las conversaciones entre Bogotá y las FARC-EP, se congratuló de que «estamos devolviéndoles la tierra a los campesinos».

El pasado 27 de mayo, fruto de este proceso de diálogo, ambas partes firmaron un acuerdo agrario para transformar el campo colombiano. Desde Santos hasta la exsenadora y actualmente representante de la Marcha Patriótica Piedad Córdoba coincidieron en que se trata de un hito histórico y de un importante avance.

Amparados por este, en teoría favorable, contexto, más de veinte familias que en enero de 2010 fueron desalojadas por la fuerza de sus tierras en la vereda de Pitalito, en el departamento del Cesar. El dedo acusador apuntaba hacia el terrateniente, exmiembro del Ejército y dueño de la empresa Orlandesca, afiliada a la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Juan Manuel Fernández de Castro.

El 16 de enero de ese año llegó custodiado por diez uniformados con prendas militares diciéndoles que esa finca era de su propiedad y que debían desocuparla a la mayor brevedad. Les ofreció dinero por las «mejoras» que habían realizado durante los 27 años que llevaban trabajando estas tierras abandonadas por sus dueños. 14 de esas familias decidieron optar por la insumisión y quedarse en sus casas. Así, la profesora Esther Carmen Martínez continuó dando clases en el patio del colegio a cerca de 24 niños. Los afectados presentaron las correspondientes denuncias en las alcaldías de Curumaní y Chimigagua, a cuyos municipios pertenece Pitalito, y en la Fiscalía.

«De manera ilegal, violenta, clandestina, el señor Fernández de Castro nos quiere arrebatar de forma espuria la posesión que venimos ejerciendo como reza la ley. Nuestras familias están padeciendo cantidad de necesidades, producto de las ansias desaforadas de quien nos quiere quitar el único sustento económico y esperanza de levantar y educar a nuestros hijos. Los pocos cultivos que hemos podido sembrar han sido destruidos, los ranchos quemados y para mantenernos en las parcelas hemos improvisado ranchos. Nuestra situación es lamentable y todo porque esta zona que habitamos es rica en agua y presumimos que nos quieren sacar para extender el monocultivo de palma africana», explicaron entonces en sendas cartas dirigidas a los alcaldes de Chimigagua y Curumaní. El desalojo se hizo efectivo el 24 de junio. Las 14 familias, entre las que había 30 niños y 10 mujeres -dos de ellas embarazadas- fueron trasladadas en dos camiones de la Policía a una zona situada a unos cinco minutos del centro de Curumaní. «Nosotros solo queremos que se haga justicia, porque hemos sido atropellados y sacados de nuestras tierras. Queremos que se haga justicia por el bien de todos los niños», remarcó Martínez. Su activismo le ha valido ser blanco de amenazas.

El Comité Jurídico Pueblos que, junto a varios integrantes de las Brigadas Internacionales de Paz y del Observatorio Internacional de Paz, está acompañan a estas familias ha denunciado la constante amenaza paramilitar en la zona y las amenazas de expulsión por parte de Fernández de Castro

«Son habituales las incursiones de personal uniformado, apenas podemos comunicarnos con la comunidad de Pitalito por cuestiones de seguridad, solo en casos de extrema gravedad. Sabemos que les están privando de alimentos y que han sembrado la zona de serpientes para intimidarlos», relata a GARA una fuente conocedora de la situación. Asegura que «solo la intervención de actores internacionales puede disminuir este hostigamiento».