Dos años y medio después de que se iniciara la investigación por los ERE irregulares en Andalucía, que tuvo su origen en el caso de Mercasevilla, la macrocausa por el fraude en el otorgamiento de ayudas sociolaborales acumula ya 93 imputados, de los que 25 son altos o ex altos cargos de la Junta.

Con el auto de principios de julio en el que se imputó a veinte altos o ex altos cargos del Gobierno andaluz, entre ellos la exministra y exconsejera de Hacienda, Magdalena Álvarez, la juez Mercedes Alaya ha pretendido dar un «salto cualitativo» en una investigación que ahora apunta a los responsables políticos.

El principal imputado por prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho es Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo.