El nerviosismo entre los seguidores del ex primer ministro Silvio Berlusconi frente a sus problemas judiciales y los malos signos que provienen del FMI y de la agencia de calificación Standar and Poor's han colocado en jaque al Gobierno de centro-izquierda de Enrico Letta tras dos meses de andadura.

Ayer, los diputados y senadores del PDL, partido de Il Cavaliere, decidieron boicotear durante tres jornadas el trabajo en el Parlamento. El motivo: la convocatoria por sorpresa de una audiencia del Tribunal de Casación en pleno verano, el 30 de julio, para decidir la confirmación o no de la condena de cuatro años de prisión impuesta el pasado 8 de mayo al magnate italiano por fraude fiscal en el «caso Mediaset».

Aunque no corre el riesgo de acabar entre rejas, sobre todo por su edad, Berlusconi teme ser privado de su mandato de senador.

La noticia de que el 30 de julio -y no en octubre como se creía, debido al peligro de que el delito sea prescrito- podría saberse si Berlusconi desaparece de la escena pública y deja huérfano a su partido, ha puesto en la cuerda floja el Ejecutivo. Muchos auguran que el PDL puede retirar su confianza al Gobierno, aunque Letta dice que la estabilidad del Ejecutivo no está en riesgo.