La lucha de las residencias de Gipuzkoa ha conseguido poner cara y voz al sector de los cuidados, formado mayoritariamente por mujeres que trabajan en condiciones de invisibilidad y precariedad. Y los empleadores, por supuesto, son casi siempre hombres que han encontrado en el cuidado de la vida una fuente inagotable de lucro. La lucha de las residencias ha demostrado también que un colectivo social organizado y combativo es capaz de frenar la avaricia empresarial y poner coto a las reformas laborales que nos imponen desde el gobierno del Reino de España. Pero además, este conflicto inacabado ha servido también para demostrar que existen dos modelos opuestos de gobierno: un modelo que busca soluciones para las trabajadoras, y otro modelo -por desgracia hegemónico- que busca multiplicar las ganancias del empresariado a costa de la dignidad de las empleadas.

La Diputación de Gipuzkoa ha presentado una propuesta de solución que cortocircuita la reforma laboral de Rajoy y aporta ocho millones de euros para garantizar las condiciones salariales y laborales de las trabajadoras. Pero el modelo de Bildu no parece del agrado del PNV y el PP, que en Bizkaia y Araba han elegido negociar a puerta cerrada con la patronal de las residencias para rebajar una vez más las condiciones de trabajo en el sector.

Y es que desde el 8 de julio, los antiguos convenios colectivos han dejado de estar vigentes y se van a perder todas las conquistas laborales si no consigue la firma de nuevos convenios en situación de mínima dignidad. En el peor de los casos, sus condiciones de trabajo se degradarán hasta los límites miserables que establece el Estatuto de los Trabajadores. Para las trabajadoras de las residencias, esta degradación legal puede significar 200 horas más de trabajo al año y un recorte de 400 euros en su asignación mensual. La reforma laboral también permite el despido fulminante de cualquier trabajadora que se ausente hasta nueve días en dos meses, obligando a las cuidadoras a seguir atendiendo usuarios incluso estando enfermas, con el riesgo que esto puede suponer.

Ante este abuso, la patronal Lares dice no ver con buenos ojos la reforma laboral, pero no renuncia a sacar partido de ella. No parecen entender que la calidad de los servicios de cuidados solo es posible fuera del modelo que abanderan PNV y PP, es decir, fuera del modelo de las ganancias sin límites.

Desde esa lógica, el PP utiliza la Diputación de Araba para aconsejar a sus empresarios del sector y mostrarles cómo desvalijar a sus empleadas y empleados con la reforma en la mano. Que nadie se extrañe de semejante colegueo, al fin y al cabo, el ex secretario general de la patronal alavesa SEA, José Zurita, defiende ahora los intereses corporativos del sector desde la mullida butaca de Diputado de Promoción Económica a las órdenes de Javier de Andrés. Por eso la patronal alavesa dedica las ayudas económicas forales al asesoramiento de aquellos empresarios que deseen ejecutar expe- dientes de regulación de empleo más eficientes.

Esas puertas giratorias entre los despachos políticos y los despachos de los jefazos de residencias también funcionan en Bizkaia, donde Josu Bergara pasó de Diputado general a consejero de Residencias Nostem en uno de esos habituales juegos de prestidigitación que exhibe el PNV. Por su puesto, Residencias Nostem está a sueldo de la Diputación de Bizkaia sin que nadie se atreva a hablar de incompatibilidades. Parece que la Diputación de José Luis Bilbao también negocia a escondidas la aplicación de la nueva reforma laboral sobre el personal de residencias siguiendo su estrategia privatizadora. Es la misma estrategia que le ha llevado a congelar desde 2009 el presupuesto del Instituto Foral de Asistencia Social mientras desvía el presupuesto de Acción Social a la subcontratación en «prestación de servicios asistenciales».

Y es que las patronales de residencias se han habituado tanto a que les saquen brillo a los bolsillos, que no entienden ni quieren entender las políticas de justicia social que han asomado en Gipuzkoa. Por eso la patronal Adegi ha llevado el gobierno foral de Bildu a los tribunales bajo la acusación de «injerencia en la negociación de los convenios». Porque la única injerencia que admite la patronal -que lo sepa todo el mundo- es la palmadita en la espalda y el menú degustación a costa del erario público al que les han acostumbrado el PNV y el PP durante tantos años.