La cercanía del desenlace sobre las ayudas ilegales a los astilleros está elevando la tensión y provocando que cada parte implicada de forma directa o indirecta se resitúe en este escenario que, como algunos explican, ya estaba escrito: la desaparición de los principales astilleros y la destrucción de numerosos puestos de trabajo.

En este conflicto han ocurrido negligencias importantes. El problema viene de 2002, una década atrás, cuando gobernaba José María Aznar, pero la Comisión Europea no ha comunicado la sanción hasta hace dos años. También en este escenario el Gobierno de Gasteiz se ha apresurado a explicar que «pase lo que pase» con la decisión, potenciarán el sector de la construcción naval privada. En medio de todo este problema se encuentran alrededor de 17.000 trabajadores que directa o indirectamente trabajan para el sector marítimo.

En Donostia, el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia de la UE, Joaquín Almunia, dijo ayer que no acepta la demanda de la consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, de considerar el plazo de las bonificaciones ilegales desde 2011, en vez desde 2005, como plantea Bruselas.

La diferencia es fundamental. Si se toma la fecha que Almunia propone, la devolución de las ayudas fiscales supone en torno a 3.000 millones en total -1.000 millones de los astilleros vascos- derivado de 274 operaciones de «tax-lease», aprobadas por el Ministerio español de Hacienda. En cambio, si, como dice Arantza Tapia, se toma la fecha de la 2011, cuando se comunica la sanción, los astilleros vascos estarían exentos de sanción, porque «no han contratado nada».

Sin embargo, el comisario Almunia, que participó ayer en un curso de verano de la UPV-EHU en Donostia, aclaró que la devolución será desde 2005. «Sobre eso -dijo- no hay discusión posible». Se reunió con una representación de los comités de empresa de los astilleros vascos, que acudieron a Donostia, a mostrar el malestar con el vicepresidente de la Comisión Europea. Allí les explicó de forma clara, según confirmaron los asistentes al encuentro, que la devolución de las ayudas es cosa de quienes financiaron las operaciones: bancos y determinadas empresas; pero ni de los astilleros ni de los armadores.

Almunia dijo sentirse preocupado, en declaraciones a los medios de comunicación, porque «hay quienes, para desviar su propia responsabilidad a la hora de devolver ayudas no compatibles, están metiendo el miedo a los astilleros».

No quiso poner nombres de quienes deben devolver las ayudas, pero añadió que «si los astilleros no tienen que devolver ni un solo euro y se dice clara y taxativamente en la propuesta de decisión, que tampoco los armadores tienen que hacerlo, es una regla de tres», sentenció.

«Hacer una piña»

En Bilbo, la consejera Arantza Tapia reunió a los astilleros y a los comités, además del Foro Marítimo Vasco para darles detalles de la reunión, que un día antes tuvieron con Joaquín Almunia, en Bruselas.

Como anticipó la consejera a los medios de comunicación, «se trata de hacer una piña» para evitar que haya que devolver las ayudas ilegales y para ello anunció la necesidad de presionar al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, para que éste llame y negocie con José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea, «una salida a esta situación, que puede solucionarse porque hay argumentos jurídicos y técnicos suficientes, dado que es una decisión política», dijo Tapia. Si no se consigue dar marcha atrás a la decisión europea, unos y otros, confirman que «significaría la muerte de los astilleros», puntualizó el presidente del comité de la Naval, José Pedro González.

Llama la atención, sin embargo, el apoyo que todas las partes dan a los inversores y los bancos, que son los que tienen que devolver las ayudas ilegales. Algunos sindicatos entienden que «los trabajadores somos rehenes de ese chantaje y que nos utilizan para presionar ante la Comisión Europea».

El responsable de Acción Sindical de CCOO, Ramón Gorriz, aseguró en Bilbo que «es hora de que Mariano Rajoy se plante» y «defienda a la industria naval en Europa».

Arantza Tapia, por último, explicó que «pase lo que pase» dentro del Foro Marítimo Vasco se creará un grupo de trabajo de impulso a la actividad industrial del sector naval.

El director gerente del Foro Marítimo Vasco, Javier López de Lacalle, mostró su apoyo a los inversores porque «son una parte importante de la construcción naval y vamos a pelear todos juntos para que esto no ocurra, porque sin financiación y sin la banca no es posible que los armadores consigan financiación para contratar barcos».