La familia de Jon Anza reiteró ayer en Toulouse su insatisfacción por el «simulacro» de instrucción judicial que ha llevado a cabo la jueza Myriam Viargues, que acaba de cerrar oficialmente la investigación.

Acompañada de su abogado Julien Brel y del presidente de la Liga de Derechos Humanos de Toulouse Pascal Nakache y de la hermana y cuñada del militante donostiarra, su compañera Maixo Pascassio no pudo más que reafirmarse en que todas las esperanzas abiertas cuando por fin se inició la instrucción judicial se han quedado en agua de borrajas. «Han buscado allí donde Jon no estaba y, por contra, no han investigado sobre las circunstancias de su muerte y sobre todas los fallos y omisiones habidos». También reprochó la falta de información de la jueza y su escasa deferencia, ya que solo les recibió una vez, a los dos años de los hechos y cuando ya había decidido cerrar la instrucción declarando que Anza falleció por «causas naturales».

En la misma línea, el abogado recordó que Viargues ha «rechazado sistemáticamente» todas las solicitudes de diligencias y de audiencia de diferentes cargos policiales o judiciales relacionados con el caso» que han planteado.

Brel incidió en el hecho de que la aparición del cuerpo de Anza, diez meses después del fallecimiento, ha supuesto «una dificultad añadida por que el estado del mismo no ha permitido examinar diversos elementos como las toxinas que pudieran encontrarse o el análisis de los cabellos, lo que, sin duda, hubiera ayudado a clarificar tanto las causas como las circunstancias de la muerte».

Doble investigación

También subrayó que debido a «la militancia política de Anza a quien se consideraba miembro de ETA» ha habido dos investigaciones paralelas, una la de la jueza de Toulouse y otra la de la Sección Antiterrorista de París. En buena lógica, según el letrado, ambas debieran haberse fusionado o complementado, «algo que nos hubiera permitido acceder a informaciones a las que otros estamentos, por ejemplo el Fiscal de Toulouse, han conseguido», añadió en referencia al dato que aportó este último en su informe. «Menciona específicamente la cantidad que Anza portaba para su entrega a ETA, entre 350.000 y 500.000 euros. Es obvio que ese dato provenía de la investigación antiterrorista», manifestó.

Brel insistió, asimismo, en que «ninguna de las múltiples demandas de investigación efectuadas al Ministerio de Justicia para que comprobaran las disfunciones habidas en los servicios internos» han tenido respuesta.

El presidente de la LDH denunció la falta de transparencia y trato equitativo que han mostrado las autoridades e instancias judiciales en este caso. «Ha habido y sigue habiendo un ocultismo extremo, lo que no ha hecho sino añadir más interrogantes y más sospechas. Fuera o no de ETA, el caso debería haberse investigado de la misma manera que los demás casos. Tres años más tarde, se desconoce lo sucedido. Esta falta de igualdad de trato es inadmisible. No he conocido otro caso como este», enfatizó Nadache antes de asegurar que la LDH seguirá apoyando a la familia «para que se sepa toda la verdad, algo que es conveniente para todos, incluida la propia justicia».

Acudir hasta Europa

Convencidos de que la jueza «no ha querido entrar de lleno a investigar lo que realmente sucedió», y viendo que su trabajo «se ha limitado a buscar la causa del fallecimiento», la familia ha recurrido el cierre de la instrucción judicial decretada recientemente por Myriam Viargues.

La Cámara de Instrucción de la Corte de Toulouse debería pronunciarse sobre el recurso hacia finales de año, si bien el abogado se mostró bastante escéptico en cuanto a la respuesta positiva a su demanda.

En caso de que decidiera no volver a abrir la instrucción, acudirían al Tribunal de Casación, y si tampoco este accediera a la solicitud, la familia del militante donostiarra tiene la intención de llevar el caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.