La Comisión Europea, por boca de su vicepresidente, el exsindicalista de UGT y ex secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, pidió ayer al Estado español que recupere las ayudas concedidas al sector naval entre 2007 y 2011 mediante el sistema de bonificaciones fiscales tax lease, lo que constituye la puntilla para el ramo. La devolución corresponde hacerla a los beneficiarios de las ayudas, los inversores, pero los grandes perjudicados serán los astilleros, que van a ser sometidos a una inestabilidad jurídica y financiera difícil de contrarrestar. Y, obviamente, los trabajadores.

En Euskal Herria, la decisión de Bruselas pone en peligro seis mil puestos de trabajo y un sector que es económicamente viable, tecnológicamente avanzado y que debería ser estratégico. Debería serlo, pero no ha sido tratado como tal. De hecho, en las últimas décadas el declive de la construcción naval ha sido constante y ha estado provocado, en gran medida, por una política industrial ajena a este país. Europa sigue el camino que otros dejaron expedito, por ejemplo, el partido del comisario europeo. En este sentido, si alguna virtud tiene lo ocurrido es la de poner de manifiesto la incapacidad de las instituciones vascas para ayudar a un sector que aporta un porcentaje nada desdeñable del PIB, y la necesidad de contar con herramientas que permitan a este pueblo diseñar una política económica propia. La apelación que líderes políticos e institucionales hicieron ayer al Ejecutivo de Rajoy para que adopte medidas en este ámbito es fiel reflejo de esta carencia.

Por otro lado, la postura de la Comisión Europea debería incentivar el debate sobre el modelo imperante en la Unión, y sobre si realmente el espacio comunitario responde a los intereses de las clases populares de los países y estados que lo componen. El balance de las dos últimas décadas es elocuente, y quizá ha llegado el momento en que empiece a romperse el tabú que desde su constitución ha salvaguardado un proyecto que rescata a los bancos y condena a los trabajadores.