futuro de los astilleros
Las miradas se vuelven a Madrid tras el castigo al sector naval
Los trabajadores de los astilleros, Lakua y los partidos abertzales exigieron al Gobierno español que garantice el futuro del sector una vez que la CE haya dictaminado que se devuelvan las ayudas.
GARA | BILBO
El comité de empresa de La Naval de Sestao, el mayor astillero de Euskal Herria, afirmó que, tras la decisión de la CE de devolver las ayudas del sistema tax lease, la «pelota está en el tejado» del Gobierno español que debe tratar de «dar estabilidad al sector». Esta afirmación llegó después de que el Colegio de Comisarios decidiera la devolución de las ayudas fiscales del Estado español al sector naval realizadas entre 2007 y 2011.
En declaraciones realizadas a las puertas del astillero, el representante de los trabajadores Txema Belón hizo referencia al Ministerio de Hacienda, ya que el titular de esta cartera, Cristóbal Montoro, «es el que conoce quiénes son los inversores que deben abonar las ayudas».
Asimismo, señaló que, por lo expresado por el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, también Montoro deberá establecer junto con los inversores «cómo, cuándo y de qué manera» se aborda esta decisión y se da «estabilidad» al sector y también a los inversores, así como a los propios astilleros.
A su juicio, lo fundamental, en este momento, es «dar estabilidad a todo el conglomerado que trabaja en este sector». Según afirmó, esa estabilidad se puede producir a raíz de que se constituya una mesa de negociación formada por todos los agentes involucrados y se puedan llegar a acuerdos con los inversores.
En la comparecencia, el representante de CAT, Carlos Gallego, insistió en que quien «tiene que pagar es el Gobierno, el que permitió este tipo de ayudas». «Un inversor no viene aquí si tú no le garantizas unos beneficios fiscales. Tú lo has permitido, págalo tú», añadió.
Inversores financieros
En cuanto a la decisión de los comisarios, las subvenciones de mayo de 2007 a 2011 deberán devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, «pero no los armadores ni los propios astilleros».
«Como lo prevén nuestras normas, cuando se han atribuido ayudas de Estado que violan las reglas europeas, los beneficiarios de esas ayudas tienen que devolverlas al Estado miembro, es decir, en este caso a la Hacienda española», manifestó el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, en rueda de prensa para presentar su decisión.
La sanción final fue adoptada después de que el comisario de Industria, Antonio Tajani, levantara su reserva, según informaron fuentes comunitarias. El italiano Tajani ha sido el principal aliado del Gobierno español en este expediente y reclamó hasta el último momento que solo se devolvieran las ayudas posteriores a 2009.
La presión de los últimos días suavizó la propuesta inicial de Almunia, que exigía la devolución de las ayudas desde 2005. El vicepresidente atribuyó los sucesivos cambios de criterio comunitarios en las últimas semanas a los «argumentos jurídicos» aportados hasta los «últimos momentos» tanto por los servicios de la Comisión como por el Estado español.
Almunia se negó a desvelar la cifra total de ayudas que deben reembolsarse. «Nunca he anticipado ninguna cifra ni pienso hacerlo porque solo corresponde evaluar quiénes son los obligados a devolver entre los inversores, cómo se va a producir la devolución y cuánto debe devolver cada uno a la Hacienda pública española», alegó el comisario de la Competencia.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, dijo la semana pasada que las subvenciones a recuperar superarían los 2.000 millones de euros, mientras que el sector aumentaba la cantidad a 2.800 millones, aunque en aquel momento todavía se hablaba de 2005.
No descartan recurrir
Sin embargo, el propio ministro Soria declaró ayer que el Ejecutivo español se reserva el derecho a recurrir ante el Tribunal Europeo de Justicia la decisión de la CE. El titular español de Industria reconoció que la decisión de la CE es mejor que la anunciada inicialmente, aunque aún esta por aclararse el alcance en términos cuantitativos sobre la cantidad que deben devolver, «siempre por parte de los inversores -recalcó- y nunca por parte de los astilleros, armadores o quienes han sido intermediarios financieros».
Según el miembro del gabinete de Rajoy, la sanción establece un mecanismo «complejo» y será el titular de Hacienda el que deba determinar cuáles son exactamente las cuantías.
El ministro recordó también que desde enero de este año esta vigente el nuevo sistema de tax lease y que, por tanto es posible que quien desee financiar o construir un barco en el Estado español lo pueda hacer de acuerdo a ese modelo y al nuevo sistema de desgravación fiscal vigente desde hace seis meses.
Entretanto, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció que su departamento será el encargado de evaluar la cuantía de las ayudas que tienen que devolver los inversores, así como de elaborar el listado de los que se vieron beneficiados, y estimará si es excesiva y perjudica el futuro del sector naval, en cuyo caso el Gobierno español promete que «responderá».
También insistió en que el Ejecutivo del PP se reserva el derecho a las reclamaciones y los recursos correspondientes si estima que esas ayudas son elevadas y perjudican al futuro de los astilleros.
La decisión de la CE afecta a seis astilleros vascos, el de La Naval de Sestao; los dos de Zamakona en Pasaia y Santurtzi, el de Murueta en Erandio y Murueta, y el de Balenciaga en Zumaia, que dan empleo a alrededor de 6.000 personas entre el personal propio y el de la industria auxiliar.
Desde el comité de La Naval puntualizaron que quien tiene que pagar «es el Gobierno, el que permitió este tipo de ayudas. Un inversor no viene aquí si tú no le garantizas unos beneficios fiscales. Tú lo has permitido, págalo tú», insistieron.
Trabajadores de los astilleros vizcainos de La Naval de Sestao y Zamakona de Santurtzi han convocado para hoy (20.00 horas) una concentración «masiva» en la Plaza del Kasko en Sestao en protesta por la decisión de la Comisión Europea.
Las reacciones políticas y sindicales desde Euskal Herria mostraron una profunda preocupación por el futuro del sector naval. El lehendakari, Iñigo Urkullu, afirmó que la resolución «castiga» a una parte «imprescindible» para la construcción de barcos y reclamó que la sanción se aplique de la forma «menos lesiva».
El lehendakari apostó por esperar a conocer la «literalidad» de la resolución para posteriormente, trabajar «conjuntamente con el Estado, que es el responsable de recuperar las ayudas». Urkullu insistió en que la decisión «no contribuye a generar tranquilidad para el futuro del sector».
Por su parte, EH Bildu calificó de «penosa y muy perjudicial» la decisión de la Comisión y pidió al Ejecutivo de Rajoy que garantice el futuro de los trabajadores de los astilleros y del propio sector. La portavoz de la coalición abertzale en el Parlamento de Gasteiz, Laura Mintegi, señaló en un comunicado que aunque Bruselas «tenía otras opciones para aliviar el daño, al final ha vuelto a posicionarse al lado de los lobbys económicos».
A juicio de Mintegi, «la pelota está ahora en el tejado del Gobierno español porque es a él al que le corresponde aplicar la decisión comunitaria» y por lo tanto «tiene la llave» para tomar medidas que garanticen el futuro de los trabajadores de los astilleros y del propio sector.
Entretanto, el Foro Marítimo Vasco tachó de «claramente discriminatoria e injusta» la decisión. El Foro, que agrupa a las empresas de la industria naval de la CAV, afirmó que aunque el dictamen estipula que sean los inversores los que devuelvan el dinero, «la decisión tiene consecuencias claras en todo el sector naval, incluidos los astilleros, y habrá que trabajar duro para minorarlas».
En un comunicado, el clúster marítimo señaló que el sector «está dispuesto a luchar para minorar sus efectos» y advirtió de que se reserva tomar las acciones legales correspondientes para defender sus intereses, en sintonía con posible recurso del Gobierno español ante el Tribunal Europeo de Justicia.
Desde Confebask, su director del departamento Económico-Fiscal, Eduardo Arechaga, lamentó que «la confianza en el legislador no vale para nada» y que «quien salga perjudicado» sea «el que invierte, cumple, y arriesga».
En el ámbito sindical, ELA denunció que la doctrina económica liberal, «impuesta» desde Europa y «asumida complacientemente» por los gobiernos de Madrid y de Gasteiz, «va a terminar con la industria en todo Europa». Añadió que la decisión de la CE supondrá «la sepultura del sector naval en todo el estado español».
El sindicato indicó que el naval es un sector «estratégico» que «debería de contar con un sector público que garantizase financiación y actividad industrial», debido a que en las últimas décadas, esta industria «ha sufrido privatizaciones y una pérdida brutal de empleo». Asimismo, recordó que todo ello se ha producido por «decisiones» de los diferentes gobiernos de PSOE y PP, con la «pasividad» del PNV y el «acuerdo» de CCOO y UGT. GARA
La patronal de astilleros privados Pymar dijo que la sanción es «absolutamente injusta» porque el sistema de ayudas fue avalado en 2009 por la entonces comisaria de la Competencia y porque al Estado francés no se le obligó a devolver sus ayudas.
