Las detenciones de los cinco vecinos de Iruñerria por desplegar una bandera en defensa de los derechos de los presos antes del txupinazo -ayer quedaron en libertad tras comparecer ante el juez- responde a «un intento de UPN para tapar sus vergüenzas, que van desde los casos de corrupción cada vez más evidentes, hasta la persecución de aquellas personas que no comulgan con sus ideas, pasando por su incapacidad para gestionar las instituciones que gobierna en minoría», según destacó la iniciativa Iruñea Askatasunez, en una comparecencia en la Plaza del Ayuntamiento.

Artzai Santesteban -uno de los detenidos- y Garazi Autor leyeron un comunicado en el que recordaron que el 5 de julio una manifestación que contaba con el apoyo de 75 agentes sociales exigió que no hubiera ninguna conculcación de derechos ni actividad represiva en Iruñea, tampoco en sanfermines.

Pese a ello, «desde primera hora del día 6 se pudo comprobar cuáles eran las intenciones de UPN y del imputado por corrupción el alcalde Enrique Maya. Cientos de policías de todos los colores, se esforzaban por impedir la presencia de cualquier manifestación contraria al régimen imperante en la ciudad. Poco importaba que a escasos metros se estuvieran produciendo, y lo que es más vergonzoso, retransmitiendo, hechos que son contrarios al respeto y al derecho de la mujer a participar en igualdad de condiciones en la fiesta», dijeron.

«Mientras se retransmitían esas imágenes y se trasladaba al mundo una idea de la ciudad y de la fiesta totalmente distorsionada, los uniformados se dedicaban a impedir la presencia de uno de los símbolos que representa a una parte de la ciudadanía y que, desde hace años, sufre una persecución enfermiza por parte de los sectores más retrógrados de la política navarra. Estas actitudes lo único que hicieron fue generar más malestar, como se pudo comprobar en los actos de los días siguientes», añadieron.

Junto a ello, alertaron de que uno de los detenidos, el vecino de Antsoain Endika Garai, sufrió puñetazos, golpes y constantes amenazas y presiones desde el momento de su detención hasta el traslado a la comisaría de la Policía española.

«¡Que nadie se deje engañar! No les dejaremos desviar la atención por medio de detenciones totalmente arbitrarias, publicitadas con antelación, para ocultar sus miserias ante la sociedad y como consecuencia única de la pataleta del señor Maya», destacaron.

Ante estas nuevas agresiones a derechos básicos, volvieron a realizar el mismo llamamiento realizado en la manifestación del 5 de julio. «No aceptaremos una Iruñea en la que las vulneraciones a los derechos más esenciales sean parte del día a día -manifestaron-. Esta no es la Iruñea en la que nosotros creemos».

LAB también denunció estas detenciones, enmarcándolas en un ataque contra la libertad de expresión y recordando que el mismo día 6 se registró una carga policial en la calle Txapitela para evitar que la ikurriña tuviera presencia en el txupinazo.

«Queda patente la hipocresía de los representantes políticos que criticaron la acción de `los pescadores barbudos' argumentando que la acción no estaba justificada, puesto que hoy en día se pueden mostrar la ikurriña y otros símbolos sin problemas. La realidad vuelve a mostrar que no es cierto: aquellos que iban a pie con la ikurriña y pancarta fueron apaleados y luego detenidos, en una intolerable actuación que puso en riesgo la seguridad y la vida de cientos de personas», destacó el sindicato.

Por ello, LAB exigió que «se archive la causa contra la libertad de expresión» y que se depuren responsabilidades por la carga en Txapitela. Además, reclamó la libertad de portar reivindicaciones y símbolos en la vía pública, tanto en sanfermines como el resto del año, así como la dimisión de Maya por «corrupto, censurador e incompetente».