El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco va a investigar si se ha producido alguna ilegalidad en la paralización de las obras de la incineradora de Zubieta. Juan Calparsoro pretende determinar si las indemnizaciones que deberían pagarse por la suspensión de las obras son debidas a una mala gestión de los actuales responsables del consorcio de residuos o de quienes les precedieron. Teniendo en cuenta que las irregularidades han acompañado a este proyecto desde el inicio, la actuación de la Fiscalía seguro será recibida con agrado por quien quiera conocer la verdad y, en su caso, que se depuren las responsabilidades pertinentes en este asunto.

Sin embargo, el modo en que se ha anunciado la apertura de este procedimiento, a través de una filtración a un diario, y el hecho de que el fiscal no haya actuado de oficio hasta ahora, cuando en los últimos meses se han publicado informaciones muy clarificadoras sobre este proyecto, invitan a albergar serias dudas sobre las intenciones reales de Calparsoro. Este, además, actúa con una ligereza irresponsable, no solo por dar a conocer la noticia a través de un medio de comunicación, sino faltando a la verdad cuando afirma que los ciudadanos pueden tener que pagar «miles de millones de euros». Sabe que esto no es cierto, igual que sabe que todo lo que se tenga que abonar a las empresas será consecuencia de las condiciones en que se firmó el contrato de construcción de la incineradora.

Dice el fiscal que lo que le mueve es el interés social y que no puede «mirar hacia otro lado», pero eso es lo que ha hecho hasta ahora, en este y otros proyectos cuyas irregularidades han sido denunciadas incluso por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Bienvenido sea su afán investigador, porque tiene trabajo de sobra, tanto en Gipuzkoa como en otros herrialdes. Y en caso de que no vea conveniente volver a actuar de oficio, quizá sea el momento de empezar a llevarle trabajo al despacho. El interés social merece hacer el esfuerzo.