La decisión del teniente fiscal del Tribunal Supremo español, Antonio Narváez, de no investigar el cobro de dietas irregulares por parte de Yolanda Barcina en la CAN no ha sido una sorpresa para el portavoz de Sortu en Nafarroa, Txelui Moreno.

«De todos era sabido la querencia de la derecha navarra y española para llevarse el asunto a Madrid. El control que tiene el PP sobre el poder judicial y la autoridad que tiene sobre la Fiscalía daban confianza a Barcina y al entorno que ha dilapidado la CAN para llevar el asunto allí esperando un trato de favor. No en vano, UPN ha sido el brazo ejecutor del Estado en Navarra», destacó Moreno, que recordó que si Yolanda Barcina hubiera renunciado a su condición de aforada, estaría ya imputada en Nafarroa.

Junto a ello, criticó la doble vara de medir que UPN y PSOE utilizan en Madrid, «donde piden explicaciones al PP», y en Nafarroa, «donde se niegan a aprobar una comisión de investigación sobre la desaparición de la CAN».

«Tampoco tiene desperdicio que el PSOE, que amenaza con presentar una moción de censura en Madrid sin ninguna posibilidad de que salga, sea el mismo que mantiene a la derecha en el poder en Navarra impidiendo el tan ansiado cambio que la sociedad navarra demanda», insistió.

En este sentido, el diputado de UPN en Madrid, Carlos Salvador, presentó ayer en el registro del Congreso una solicitud para la creación de una subcomisión que analice la financiación de los partidos, tal y como anunció el martes el secretario de Organización de esta formación, Sergio Sayas, que, sin embargo, quiso justificar la negativa de su partido a la creación en el Parlamento navarro de una comisión de investigación sobre la desaparición de la CAN señalando que en Madrid y en Iruñea se viven situaciones diferentes.

El portavoz de Sortu destacó que estos dos partidos «no engañan a nadie, sabemos que la corrupción está anidada en el modelo político-institucional que padecemos. Por eso es importante construir una alternativa a esta clase política y a este modelo económico, político e institucional».

Moreno también arremetió contra las terminales mediáticas del régimen vigente en Nafarroa, destacando el amplio despliegue de «Diario de Navarra» para informar sobre la decisión del fiscal Narváez. «Solo puede tener una lectura, echar tierra sobre el caso para intentar tapar el asunto de los millones que recibió la editora del `Diario de Navarra' irregularmente y sin control de la ya extinta CAN».

El portavoz de Aralar-NaBai, Patxi Zabaleta, coincidió al señalar que la decisión del fiscal Narváez sobre Barcina era «teóricamente previsible, aunque carece completamente de rigor» y subrayó que «el problema de fondo es que UPN ha hecho desaparecer toda una institución financiera».

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Zabaleta señaló que «teóricamente, esto era lo previsible, porque el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ya se opuso a la remisión del informe de la jueza de instrucción de Pamplona al Supremo y, como al fin y al cabo todo el mundo, la Fiscalía actúa por un sistema jerárquico y lo lógico era que el fiscal del Supremo actuara de la misma manera».

Zabaleta añadió que la actuación del fiscal carece de rigor porque argumenta que «eran contraprestaciones por acudir a unas reuniones y la existencia de esas reuniones y la veracidad o la falsedad de las actas sigue siendo investigada en el Juzgado de Instrucción de Pamplona. Esas reuniones, dos y tres al día, que no tenían ni siquiera orden del día, no son justificación para ese cobro», que podía ascender hasta los 9.000 euros.