La primera valoración del PNV a la insólita decisión de la Fiscalía de investigar de oficio los hechos que han llevado a la paralización de la construcción de la incineradora de Zubieta llegó el viernes por boca -además de la habitual nota escrita se adjuntaba un corte de audio- de Carlos Ormazabal, quien fuera diputado foral de Medio Ambiente y presidente de GHK (Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa) en la anterior legislatura.

Si bien ha jugado un papel protagonista en todo el proyecto de la incineradora y fue quien firmó el contrato de permuta financiera de tipos de interés (un swap) pese a que La Caixa le alertó de que el producto no era «adecuado» para él «por no poseer los conocimientos y la experiencia necesarios para comprender y valorar los riesgos», Ormazabal no forma parte de la actual dirección del PNV de Gipuzkoa.

El Gipuzko Buru Batzar aplazó su valoración hasta ayer, cuando emitió una nota cuyo mensaje iba destinado más a replicar a EH Bildu que a expresar su opinión por la intervención en este caso del fiscal superior de la CAV, Juan Calparsoro. «Bildu ha buscado la judicialización de todo, contra todo y contra todos, y se ha encontrado inesperadamente con esta actuación de la Fiscalía, cuyas consecuencias comenzaremos a ver en breve», indicaba el comunicado.

En cuanto a las «consecuencias económicas», los jeltzales cifran el coste de la suspensión del proyecto en «más de 124 millones», ya que a los «aproximadamente 64 millones por indemnizaciones a las adjudicatarias» -en alusión a las empresas que integran la UTE que realizaba las obras- suman «la pérdida de otros 60 millones de euros en concepto de `primas energéticas' por generación de energía limpia».

Si bien la batalla de las cifras en torno a las posibles indemnizaciones está abierta desde hace mucho tiempo entre las formaciones políticas, la palma se la ha llevado el fiscal Calparsoro, que habló de una posible indemnización de «miles de millones de euros».

«Las indemnizaciones son consecuencia de incumplimientos. Incumplimientos que son responsabilidad exclusiva de Bildu». Así concluía la nota del GBB, en la que también se reiteraban las acusaciones a Bildu por «la imposición del puerta a puerta» en muchas localidades guipuzcoanas.

Los argumentos

De esta forma respondía ayer el PNV a algunas de las cuestiones planteadas el día anterior por EH Bildu de Gipuzkoa en una rueda de prensa convocada para exponer sus planteamientos de cara a gestionar «el escenario post-incineradora» en base al diálogo y a la «capacidad de acuerdos entre los partidos, los agentes sociales y las instituciones implicadas». Este propósito de futuro vino precedido de fuertes críticas a la actuación pasada de los jeltzales.

La coalición subrayó que la paralización de la incineradora «ha sido justificada con argumentos sólidos, de los que se derivan responsabilidades claras». La justificación expuesta por la dirección de GHK es que el proyecto que se estaba ejecutando no es el mismo que el que recibió la autorización ambiental integrada (AAI) del Gobierno de Lakua, ya que en la licitación de las obras se realizaron «cambios sustanciales», como la eliminación de la planta de tratamiendo de cenizas tóxicas.

En ese contexto, los portavoces de EH Bildu recordaron que «en muchas ocasiones» han dicho que «el PNV quería que la incineradora se construyera a toda costa» y que «hizo caso omiso a las denuncias por las irregularidades detectadas en el proceso de diseño y licitación».

«Que no tomen a la sociedad guipuzcoana por tonta», advirtieron tras afirmar que «en este caso no se puede decir que todo el mundo tiene parte de culpa», ya que «toda la responsabilidad política y todas las consecuencias económicas causadas por esta nefasta gestión son única y exclusivamente del PNV».