El Tribunal Supremo, al día siguiente de confirmar la condena contra dos jóvenes de Iruñerria por su militancia política, ha decidido dar carpetazo al caso de las dietas de Caja Navarra y ha archivado la causa contra Yolanda Barcina, argumentando que los hechos en los que se le implica no son constitutivos de delito. De esta forma, y teniendo en cuenta que apenas unas horas antes había salvado de ser encarcelado al expresidente balear Jaume Matas, la más alta instancia judicial del Estado español vuelve a poner de manifiesto a qué intereses responde.

Una vez archivada la causa referente a la presidenta del Gobierno navarro, el Alto Tribunal devolverá el caso a la juez de Instrucción María Paz Benito, para que haga lo propio respecto a los cuatro imputados: el expresidente Miguel Sanz, el alcalde de Iruñea, Enrique Maya, el exconsejero Alvaro Miranda y el ex director general de la CAN Enrique Goñi. La jugada, por tanto, le ha salido redonda a la defensa, que siempre ha tenido entre sus objetivos que el sumario fuera derivado a Madrid, consciente de que sus bazas eran mejores allí.

La noticia constituye un alivio para los implicados, algunos de los cuales no ocultaron su satisfacción, sin embargo, se harían un flaco favor a ellos mismos si se dejaran llevar por la euforia. No hay que olvidar, en este sentido, que en la Audiencia Nacional hay diligencias abiertas contra Sanz y Goñi por la denuncia presentada por Kontuz, y que Benito sigue instruyendo otras derivadas del «caso Caja Navarra». Y más allá del respiro judicial, a Barcina le siguen sobrando argumentos para sentirse preocupada. El asunto de las dietas nunca ha sido su principal problema, pues siendo aforada y con el Supremo en manos amigas era complicado que acabara por arrastrarla. Otra cosa es la lectura que haga de lo ocurrido la sociedad navarra, que lleva madurando su veredicto bastante tiempo. A falta de muro popular, el tribunal le ha ofrecido un muro judicial, pero este no le va a librar del juicio de las urnas.