El recurso presentado por la familia de Jon Anza el 28 de junio pasado contra la clausura y archivo de la instrucción decretada por la jueza Myriam Toulouse no ha sido, ni siquiera, admitido a trámite.

Así lo hicieron saber ayer sus abogados a través de un comunicado en el que aseguraban que «una vez más» la familia ha sido «tratada con desprecio». «Desde el principio de este asunto han sido objeto de un tratamiento judicial diferenciado» apuntaron, recordando que durante diez meses, hasta que se encontró su cuerpo, «fueron mantenidos en la ignorancia» y que las múltiples solicitudes de diligencias para esclarecer las razones por las que no fue hallado antes han sido siempre rechazadas.

Sin intención de excusarse

También denuncian que, durante la instrucción, se han visto confrontados a la «imposibilidad de proceder a debates contradictorios ante los magistrados» y que tanto las «autoridades públicas como las judiciales no han mostrado jamás la mínima voluntad de excusarse por las disfunciones y omisiones constatadas» a lo largo de todo el caso.

La decisión de no admisión del recurso contra el cierre de la instrucción, adoptada por el Presidente de la Cámara de Instrucción de Toulouse el 19 de julio, no debe ser tomada, según el magistrado, como «un agravio para los intereses defendidos por la familia».

La familia y sus abogados consideran que, con la no admisión de este recurso se les cierra, «de nuevo», la vía para poder debatir sobre el modo en el que se ha llevado la investigación y reiteran que la «justicia francesa no tiene intención alguna de buscar la verdad» sobre lo sucedido al militante donostiarra.

Anuncian que, ante este trato discriminatorio, emprenderán «cualquier acción que les permita condenar a los responsables policiales y judiciales por las disfunciones habidas» si bien aún no han especificado cuáles en concreto.