El Tribunal Supremo español archivó ayer la causa contra Yolanda Barcina por el cobro de las dietas de la Permanente de Caja Navarra (CAN). Ni siquiera tomará declaración a la presidenta de Nafarroa. Los cinco magistrados del alto tribunal, que se hicieron cargo de la instrucción debido a la condición de aforada de la jefa del Ejecutivo, se sumaron a las tesis de la Fiscalía y decidieron no abrir diligencias al considerar que los hechos «no son constitutivos de delito».

El auto, contra el que no cabría recurso viable, permitirá también eludir la investigación a los otros tres miembros del órgano opaco: el expresidente Miguel Sanz; el exconsejero de Hacienda Álvaro Miranda; el alcalde de Iruñea, Enrique Maya; y el expresidente de la CAN Enrique Goñi.

Apenas 24 horas después de librar de la cárcel al expresidente balear Jaume Matas, rebajándole considerablemente la pena inicial, y cinco días después archivar la causa contra el exministro español de Fomento José Blanco, el Supremo volvió a ejercer ayer como dique frente a las acusaciones por corrupción contra cargos públicos.

Los cinco jueces del Tribunal Supremo (Juan Saavedra, Andrés Martínez, Julián Sánchez, Juan Ramón Berdugo y Luciano Varela) han tardado menos de un mes en determinar que no es necesario seguir con la investigación, pese a que la jueza instructora de Iruñea, María Paz Benito, consideró «indispensable» tomarle declaración como imputada. Según aseguran en el auto, que en cuatro páginas rebate los argumentos aportados Benito, no se aprecian indicios de cohecho impropio, aún asumiendo que fue la propia Barcina la encargada de convocar dos de las reuniones de la Permanente, por las que se embolsó 2.680 euros pese a no tratar ningún asunto.

Para que exista este delito es necesario que participe un funcionario público. Algo que, a su juicio, no ocurre en este caso, ya que Barcina no tomaba parte en la Permanente como alcaldesa de Iruñea o presidenta del Gobierno de Nafarroa, sino como miembro de la Junta de Entidades Fundadoras. Pero a ese órgano se accedía, precisamente, por ostentar alguno de los cargos institucionales, tal y como el propio auto reconoce cuando recuerda que Barcina se incorporó a la Junta al ser nombrada jefa del Ejecutivo.

Sobre el propio cobro de las dietas, que la jueza de Iruñea entiende «carentes de justificación», los del TS las justifican con la actividad de aquellas reuniones. «No es factible en una causa penal indagar sobre la justificación de la dieta y el esfuerzo realizado, aunque ha de comprobarse que los emolumentos recibidos se corresponden con una actividad en la que el sujeto activo ha dedicado tiempo, esfuerzo y que podría generar responsabilidad». Cabe recordar que algunos de los encuentros no llegaron a abordar ninguna cuestión pese a que sí se embolsó el dinero, lo que los jueces no podrán comprobar ya que no tomarán declaración a nadie.

«Reproche moral o político»

Como último argumento, el Supremo llega a esgrimir que no era la CAN quien pagaba las dietas, es decir, que no existía «una persona que ofrezca y otra que reciba», sino que correspondía a la Presidencia (primero Sanz y después Barcina) determinar cuánto se pagaba y abonarlo. Básicamente, califica como eximente que el máximo responsable del órgano opaco fuese quien determinase las primas que él mismo y sus compañeros iban a cobrar. Con este argumento el Supremo deja fuera a Enrique Goñi, el único cargo directivo y no público que estaba imputado en la causa.

Rechaza también la existencia de los delitos de «hurto» o «apropiación indebida», unas calificaciones que ninguna acusación había utilizado.

Finalmente, los magistrados, que reconocen que la Permanente era «un órgano no específicamente regulado», remarcan que Barcina devolvió las dietas y llegan a asumir la posible existencia de conductas que pudiesen «generar otro tipo de reproche, moral, ético o político». Una afirmación que supondría un tirón de orejas, aunque sea simbólico, a la líder de UPN.

El auto ni siquiera entra a valorar la acusación de «delito societario», que es el que se incluyó en la denuncia original de Kontuz!

El archivo llega antes de que la Guardia Civil presente las conclusiones de la prueba pericial efectuada en mayo con la que pretendía comprobar si las actas de la Permanente fueron modificadas o realizadas meses después de que el órgano se disolviese. Si las pesquisas determinasen que los documentos fueron falseados, las reticencias del Supremo a abrir una investigación quedarán en evidencia.

Causas en Madrid e Iruñea

Con el archivo se cierra una de las vías judiciales abiertas tras las denuncias presentadas por Kontuz! por el «caso CAN». No obstante, las indagaciones que afectan a los supuestos delitos de mayor entidad siguen en sede judicial, tanto en Iruñea como en la Audiencia Nacional española. En Nafarroa existen dos cuestiones en fase de instrucción. La primera, los supuestos créditos ventajosos a consejeros y familiares. Para ello, la juez está pendiente de un informe del Banco de España que debe determinar si se aplicaron tipos de interés más bajos que los de mercado. La segunda es la supuesta dejación de funciones del Gobierno de Nafarroa, que podría no haber cumplido con su obligación de inspeccionar la entidad.

En la causa de la Audiencia Nacional están personados Kontuz! y UPyD, y se investigan las supuestas irregularidades ocurridas durante la salida a bolsa de Banca Cívica. Una operación que terminó con la desaparición de la CAN, finalmente absorbida por la Caixa. Por ello ya están imputados tanto Miguel Sanz como Enrique Goñi.

Y existe el riesgo de que todas estas investigaciones terminen por apuntar, nuevamente, a Yolanda Barcina. Si continuara al frente del Gobierno de Nafarroa, el caso volvería al Supremo. Un tribunal que en los últimos meses ha ejercido como dique de contención para la condena de cargos públicos por corrupción.