Barcelona volvió a mostrar ayer sus dos caras. Por un lado, la amable, la de los saltadores de los mundiales de natación y su estampa con la Sagrada Familia de fondo. Por otro lado, la terrible, la del desalojo de varias naves del barrio del Poble Nou en las que vivían unas 370 personas, que a la falta de trabajo formal y papeles -en algunos casos-, suman ahora la ausencia de un techo bajo el que cobijarse de forma estable y digna.

En cumplimiento de una sentencia judicial, un gran despliegue policial -casi 400 efectivos de Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana- se trasladó a las seis de la mañana a la calle Puigcerdà del barrio barcelonés del Poble Nou, donde se sitúa el edificio de una antigua fábrica, abandonada desde hacía años y en la que vivían 340 inmigrantes.

Tras el desalojo, sin incidentes pero cargado de tensión, el edificio fue derruido y la finca devuelta a sus propietarios, la familia multimillonaria Iglesias Baciana, algunos de cuyos miembros, paradójicamente, son patronos de una fundación de ayuda humanitaria a países africanos, según La Directa.

Las autoridades también aprovecharon el dispositivo policial para desalojar otra nave cercana, en la que vivían, según la Assemblea Solidària contra els Desallotjaments, una treintena de personas en idéntica situación. Además, previamente, los Mossos habían detenido a dos habitantes de la nave de Puigcerdà mientras trataban de buscar un nuevo espacio para ocupar.

Promesas incumplidas

En las últimas semanas, el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, anunció a bombo y platillo que daría solución a todos los desalojados, augurando algo parecido a un «desalojo social». Sin embargo, los propios afectados y la asamblea solidaria acusaron al Ayuntamiento de incumplir sus promesas y efectuar un desalojo meramente policial.

En un comunicado, la asamblea denunció que en el momento del desalojo, los afectados «no disponían de una alternativa a su problemática de vivienda, papeles y trabajo».

Del mismo modo, criticaron que «el dispositivo de servicios sociales se ha limitado a realizar una primera e improvisada atención a las personas que salían de la nave, facilitando a los que quisiesen una estancia en un albergue de entre tres y ocho días y tiquets para comer».

Es decir, nada parecido a una solución estable, pese a las declaraciones en sentido contrario emitidas ayer mismo desde el propio Ayuntamiento.

Por todo ello, una cincuentena de los desalojados decidieron posteriormente, junto a vecinos del barrio, encerrarse en la iglesia de Sant Bernat Calbó, donde permanecerán -con permiso del párroco- como medida de presión ante el Ayuntamiento, a quien reclaman una solución global a la problemática de los asentamientos, arrastrada desde hace años en Barcelona y, en especial, en el barrio del Poble Nou.