El pasado 24 de marzo GARA abría portada con una información titulada así: ``Madrid mueve fichas políticas y judiciales ante la crisis navarra''. Vaticinaba, entre otras cosas, que el PSOE impediría un anticipo electoral -lo que ocurrió en abril- y que el Supremo echaría una mano a Yolanda Barcina -ha pasado en julio-. No se trataba de un ejercicio de periodismo pitoniso, sino de una información sustentada en los datos ya existentes por entonces y en un análisis político coherente de los últimos años.

Y es que no hace falta retrotraerse a 1977 para reflejar que Nafarroa es cuestión de Estado. Resulta archisabido y monótomo a estas alturas recordar que la partición territorial vasca fue alentada desde círculos políticos y militares que teorizaron que la independencia vasca sería mucho más difícil sin el territorio, los recursos -«la despensa» se le llamaba entonces- y los kilómetros de frontera que aporta Nafarroa a los otros tres herrialdes del sur. Pero la situación actual no es una mera prolongación de aquella decisión. Mirando solo a los últimos seis años, se observa cómo el Estado y la fuerza hegemónica en Nafarroa, UPN, han debido recurrir a un cambalache continuo, un trapicheo interminable, un cambio de cromos incesante, para impedir el vuelco político en el herrialde. De modo que ya no se sabe bien si Nafarroa es cuestión de Estado o es justo al contrario. La exculpación de la presidenta navarra por el Tribunal Supremo, del modo más precipitado y burdo posible, es solo el último eslabón.

Las primeras luces de alarma de esta última fase se encendieron con el proceso de negociación 2005-2007. Conviene recordar que el Estado recurrió a la cuestión navarra para hacerlo descarrilar. La fórmula de la autonomía a cuatro que estuvo sobre la mesa en Loiola con total naturalidad se convirtió en motivo de escándalo cinco meses después. El Estado en su conjunto -desde el PP a sindicatos policiales y organizaciones de víctimas con la pasividad significativa de un PSOE vendido- promovieron la famosa movilización de marzo de 2007 que llenó Iruñea de banderas españolas. Pese a la incomodidad de algunos de sus votantes con el desembarco y la manipulación, el Gobierno de UPN echó la alfombra roja.

Apenas cinco meses después, UPN tuvo su contrapartida. La titularidad del Gobierno navarro no se decidió en los votos del herrialde, sino en los despachos de Madrid en los que negociaron en secreto Miguel Sanz y Jaime Ignacio del Burgo. En pleno paréntesis veraniego, como ahora, el «agostazo» sentenció la opción de un gobierno diferente. Ferraz se encargó de ejecutar la continuidad de UPN, que a su vez vendió de una vez por todas su alma a Madrid. A partir de entonces ha apoyado a gobiernos de los dos colores -PSOE o PP- siempre que les ha sido necesario. Y los dos grandes partidos estatales se han implicado más que nunca para garantizar a UPN que seguirá gobernando Nafarroa. El PSN le concedió un inédito gobierno de coalición en 2011 como señal de fuerza en el Parlamento con más abertzales de la historia navarra. Tras el fracaso de la fórmula, también le ha salvado de la moción de censura de EH Bildu. Y mientras, el PP navarro renuncia a hacer sangre de la debilidad de UPN, de la que bien se podría aprovechar, porque el interés de Estado pesa más.

Al trapicheo político le ha seguido inevitablemente el económico. En abril de 2010, en vísperas del crack del Gobierno de Zapatero, el mismo José Blanco que había mantenido en el sillón a Miguel Sanz tocó la puerta de Diputación para cobrarse el favor. Madrid no tenía dinero para acometer la mayor obra pública conocida en Nafarroa, así que UPN hizo lo que ninguna otra comunidad autónoma: embarcar a las arcas navarras en un pufo en toda regla adelantando el dinero para el TAV, con un Convenio mantenido desde entonces contra viento, marea y sentido común.

Las cuentas navarras entraron definitivamente en barrena con este y otros dispendios. La gota que colmó el vaso fue la constatación de un agujero de más de mil millones por el «fraude» en el cobro indebido del IVA de VW. Esta vez era al papá Estado -y en concreto a Rajoy- al que le tocaba pagar la factura de UPN, y lo hizo sin rechistar. El de mayo de 2012 fue todo un rescate encubierto para una autonomía que no podía pasar a pedir ayuda por la misma ventanilla a la que acudieron Catalunya, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y tantas otras, porque hacerlo hubiera supuesto evidenciar que la relación económica bilateral con el Estado, de tú a tú, es otra mentira más, otro falso mito del «navarrismo».

Con estos antecedentes, que el Estado correría presto a tapar las vías de agua del «caso CAN» estaba cantado. Lo sabía Barcina y lo sabía Kontuz. Conviene reparar en que no ocurrió lo mismo en 2001, cuando el alto tribunal español sí validó parcialmente la condena a Gabriel Urralburu, también presidente navarro, al que envió a prisión. Cabe concluir que entonces el Estado no vio el estatus del herrialde tan en peligro como ahora, doce años después.

Lo revelador de este momento no es tanto la exculpación por las dietas, sino las prisas y la falta de rigor con que se ha ejecutado, sin tomarse un cierto tiempo, sin investigar siquiera, sin esperar a que la indagación de las actas en Iruñea aclare si hubo o no tales reuniones, sin tomar una simple declaración a Barcina, argumentando sin vergüenza que cobrar tales cantidades por ello es normal... Alguien en Madrid debe estar muy nervioso con el asunto, tanto como para no ver lo que resulta obvio en Nafarroa: que el Estado no ha legitimado esta vez a Barcina ni a UPN, sino que ha dado otro paso para hundirse con ellos.