Francisco Gil-Ortega, presidente de Enresa -la empresa pública encargada de la gestión de los residuos radiactivos en el Estado español-, da por hecho que la central nuclear de Garoña ya ha entrado en la fase de cierre definitivo, si bien su discurso deja abierta la puerta a alguna posibilidad de prórroga siempre que el Gobierno del PP cumpliera con los deseos de las grandes compañías eléctricas estatales.

Estas empresas quieren asegurarse unos márgenes de beneficio que no podrán alcanzar en el caso de Garoña ya que, para poder continuar en activo, estarían obligadas a realizar grandes reformas en sus instalaciones para cumplir con todos los protocolos de seguridad implantados internacionalmente tras la tragedia de Fukushima.

Gil-Ortega participó, el miércoles, en la inauguración de un curso patrocinado por su empresa, con el título «Residuos nucleares: la solución española», en el Palacio de la Magdalena de Santander, sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

En ese foro, explicó que, si finalmente cierran la planta de Garoña, «Enresa no podrá empezar a desmantelarla hasta 2018, porque tendría que esperar a que estuviese construido el Almacén Temporal Centralizado (ATC)». Aunque recordó que los residuos radiactivos de centrales como Vandellòs I fueron acogidos en el Estado francés, los de Garoña no serán enviados al extranjero porque el ATC de Villar de Cañas (Cuenca) estará listo para albergar el material de alta actividad de Garoña y de los Almacenes Temporales Individualizados (ATIS) del resto de plantas del Estado español.

El cementerio nuclear

En declaraciones a EFEverde, Gil-Ortega aseguró que «a la fuerza» se debe plantear la construcción de un almacén geológico profundo (AGP), un debate que, en su opinión, debe comenzar sobre el año 2018, una vez terminado el ATC.

El almacén temporal tiene una vida de unos 60 años, un plazo para que el Gobierno español y Enresa puedan empezar a realizar estudios sobre el AGP, el «verdadero cementerio nuclear», según indicó Gil-Ortega, que «con toda seguridad se llevará a cabo».

Ayer, en la segunda jornada del mismo curso de la UIMP, la vicepresidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Rosario Velasco, calificó la construcción del ATC en Villar de Cañas como «el reto más importante» que tiene esta institución y «una oportunidad de aprendizaje», tal como recogió Europa Press. En concreto, dijo que ahora le toca al CSN «abordar» la evaluación de la instalación que va a construir Enresa en la localidad conquense.

En un plazo mucho más corto, el CSN tiene que emitir un informe sobre el real decreto elaborado por el Gobierno de Mariano Rajoy que facilitaría una hipotética «reapertura» de Garoña. El posicionamiento que adopte el órgano de seguridad nuclear no es vinculante, pero es posible que introduzca condiciones imposibles de sortear para Nuclenor -la empresa propietaria de Garoña, participada al 50% por Iberdrola y Endesa-.

El CSN informó favorablemente en abril sobre el anterior decreto de gestión del combustible nuclear, pero este fue modificado por el Ejecutivo del PP. Se espera que el nuevo pronunciamiento se haga en el pleno previsto para el 31 de julio.