El ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez aseguró ayer en su declaración como imputado ante la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que «todas las irregularidades» de las que alertó la Intervención en relación al sistema por el que se concedían las ayudas sociolaborales «eran de notorio conocimiento» del Consejo de Gobierno andaluz.

Fuentes del caso indicaron que, durante su declaración ante la juez Mercedes Alaya, el que fuera interventor de la Junta entre los años 2000 y 2010 afirmó que «era impensable» que el entonces consejero de Hacienda y actual presidente de la Juntas saliente, José Antonio Griñán, «no tuviera conocimiento» de las conclusiones plasmadas en los informes de la Intervención General. Gómez hizo mención a varios aspectos significativos que le llevan a afirmar todo lo anterior, como que en abril de 2003 el Consejo de Gobierno andaluz acordara «que se analizaran los expedientes de las transferencias de financiación» o que en 2005 la Intervención alertara de la existencia de «un desfase presupuestario de 93 millones» que «trastocaba al presupuesto general» de la Junta.

Añadió que se reunió con la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, «para mostrarle su descontento y su protesta a las imputaciones políticas que le estaba haciendo el Gobierno».