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El Govern presenta un informe con todas las vías hacia la independencia

El president, Artur Mas, recibió el primer informe del Consell Assessor per a la Transició Nacional. Un voluminoso documento en el que se abordan las vías con las que cuenta Catalunya para hacer efectivo el derecho a decidir y declarar la independencia si así lo decide la ciudadanía. Algo para lo que distingue entre vías legales y vías legítimas, sin rechazar, en última instancia y solo si Madrid cierra todas las puertas, la declaración unilateral por parte del Parlament.

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Beñat ZALDUA | BARCELONA

Para celebrar una consulta sobre el futuro político de Catalunya existen vías que se ajustan a la legalidad española, pero también vías legítimas que, en el caso de que el Estado español cerrase todas las puertas, permitirían a las instituciones catalanas hacer efectiva y real la voluntad mayoritaria que exprese la ciudadanía catalana.

De hecho, en última instancia, si el Estado se niega a negociar una salida política, la opción de convertir unas elecciones en un plebiscito y declarar posteriormente la independencia de forma unilateral está perfectamente legitimada.

Estas son algunas de las claras conclusiones a las que llega el primer informe del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN), órgano asesor nombrado a dedo por el Govern, que ayer entregó al president de la Generalitat, Artur Mas, su primer informe, de 200 páginas, sobre la consulta y la aplicación real de su resultado. El Govern le encargó 19 informes que deben detallar cómo debe ser el día después de la independencia en varios ámbitos, como sanidad, defensa, servicios sociales y políticas públicas.

Tras la reunión, el presidente del Consell y exmagistrado del Tribunal Constitucional, Carles Viver Pi-Sunyer, ofreció una rueda de prensa para explicar los puntos más destacados de este voluminoso informe, dejando claro que su función se limita «a asesorar al Govern» y no a «sustituirlo» ni indicarle lo que debe hacer. Es decir, que solo del Govern depende asumir las conclusiones de este informe.

Sobre las vías legales -un total de cinco-, Viver Pi-Sunyer diferenció entre las que provienen de la legalidad estatal y las que son fruto de leyes autonómicas aprobadas por el Parlament, recomendando que primero se intente aplicar alguna de las leyes catalanas, luego una de las estatales y finalmente, si el Estado sigue cerrando puertas, elaborar una propuesta de modificación de la Constitución.

El propio presidente del Consell admitió que esto «ralentizaría» el proceso, pero insistió en la importancia de «mostrar los esfuerzos de la Generalitat por llegar a acuerdos y cumplir con la legalidad».

De hecho, el informe considera que solo una vez acabado este periplo se podrían empezar a considerar las vías «legítimas», las que quedan al margen fuera de la legalidad española.

El informe también aborda la configuración de la pregunta de la consulta, sobre la que recomienda «claridad y neutralidad». Para el CATN, la opción más adecuada es una pregunta simple a la que haya que contestar con un sí o un no, pero deja la puerta abierta a la configuración de una pregunta múltiple, siempre y cuando la formulación permita que se consolide una opción ganadora.

RECOMENDACIÓN

El Consell Assessor recomienda no convocar la consulta, como se ha especulado, el 11 de setiembre, al considerar que la celebración de la Diada Nacional afectaría a la neutralidad del proceso democrático.

Pendientes de una carta, una fecha y una pregunta

El pasado lunes, el secretario de organización de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Josep Rull, considero factible realizar la consulta sobre el futuro político de Catalunya durante el segundo semestre de 2014, respetando de esta manera el acuerdo de legislatura firmado con ERC. Rull aseguró además que a finales de este año quieren tener cerrada la fecha de la consulta, así como la pregunta que se formulará en ella.

El líder de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Josep Antoni Duran i Lleida, no tardó ni un día en advertir a CDC que «no decidirá sola la fecha de la consulta». El mismo día, el portavoz del Govern, Francesc Homs, se encargó de enfriar el ambiente y señalar que «hay trabajo previo» para hacer antes de poner fecha a la consulta. Una muestra más, en definitiva, de la polifonía que acompaña a la federación que ostenta el poder en Catalunya en cuanto al proceso soberanista se refiere.

De hecho, Homs insistió en que antes de fijar la fecha tratarán de establecer «algún tipo de diálogo» con La Moncloa. Una petición de diálogo que, según el acuerdo con ERC, debía haberse producido en el primer semestre y que Mas anunció que la formulará, a través de una carta, en el mes de julio. Le quedan cinco días. B. ZALDUA

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