Para celebrar una consulta sobre el futuro político de Catalunya existen vías que se ajustan a la legalidad española, pero también vías legítimas que, en el caso de que el Estado español cerrase todas las puertas, permitirían a las instituciones catalanas hacer efectiva y real la voluntad mayoritaria que exprese la ciudadanía catalana.

De hecho, en última instancia, si el Estado se niega a negociar una salida política, la opción de convertir unas elecciones en un plebiscito y declarar posteriormente la independencia de forma unilateral está perfectamente legitimada.

Estas son algunas de las claras conclusiones a las que llega el primer informe del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN), órgano asesor nombrado a dedo por el Govern, que ayer entregó al president de la Generalitat, Artur Mas, su primer informe, de 200 páginas, sobre la consulta y la aplicación real de su resultado. El Govern le encargó 19 informes que deben detallar cómo debe ser el día después de la independencia en varios ámbitos, como sanidad, defensa, servicios sociales y políticas públicas.

Tras la reunión, el presidente del Consell y exmagistrado del Tribunal Constitucional, Carles Viver Pi-Sunyer, ofreció una rueda de prensa para explicar los puntos más destacados de este voluminoso informe, dejando claro que su función se limita «a asesorar al Govern» y no a «sustituirlo» ni indicarle lo que debe hacer. Es decir, que solo del Govern depende asumir las conclusiones de este informe.

Sobre las vías legales -un total de cinco-, Viver Pi-Sunyer diferenció entre las que provienen de la legalidad estatal y las que son fruto de leyes autonómicas aprobadas por el Parlament, recomendando que primero se intente aplicar alguna de las leyes catalanas, luego una de las estatales y finalmente, si el Estado sigue cerrando puertas, elaborar una propuesta de modificación de la Constitución.

El propio presidente del Consell admitió que esto «ralentizaría» el proceso, pero insistió en la importancia de «mostrar los esfuerzos de la Generalitat por llegar a acuerdos y cumplir con la legalidad».

De hecho, el informe considera que solo una vez acabado este periplo se podrían empezar a considerar las vías «legítimas», las que quedan al margen fuera de la legalidad española.

El informe también aborda la configuración de la pregunta de la consulta, sobre la que recomienda «claridad y neutralidad». Para el CATN, la opción más adecuada es una pregunta simple a la que haya que contestar con un sí o un no, pero deja la puerta abierta a la configuración de una pregunta múltiple, siempre y cuando la formulación permita que se consolide una opción ganadora.