El proceso de recentralización puesto en marcha por el Gobierno del PP tiene un nuevo capítulo desde ayer, con la aprobación por el Consejo de Ministros del llamado Anteproyecto de Ley sobre Racionalización y Sostenibilidad de la Ley de la Administración Local. Bajo tal nombre se cobijan medidas como la promoción de la supresión de municipios, bien mediante su integración o bien con la extinción de modo que las diputaciones asuman sus competencias.

El proyecto se justifica en la situación económica del Estado, que según el Gobierno español obliga a «racionalizar la estructura organizativa, de acuerdo con los principios de eficacia y equilibrio presupuestario». El texto afirma que «los ayuntamientos no han tenido una definición precisa y acotada de sus competencias, lo que en la práctica permite que realicen actividades fuera de su ámbito».

Otro de los puntos llamativos es el recorte del número de representantes municipales «que pueden ejercer sus funciones en régimen de dedicación exclusiva». Por poner un ejemplo, para ciudades de entre 150.000 y 300.000 habitantes -como es el caso de Donostia, Gasteiz e Iruñea, que hoy tienen 27 concejales- se plantea un tope de 18 ediles con la citada dedicación exclusiva.

Se anuncia también la limitación del número de personal eventual, la «profesionalización de los empleados públicos locales mediante la preferencia por los funcionarios de carrera», así como «un control financiero y presupuestario más riguroso».

El anteproyecto se acompaña de una memoria que prevé que el ahorro con estas medidas para el conjunto del Estado será de 8.024 millones de euros para el periodo 2013-2019.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, destacó como aspecto beneficioso añadido que la ciudadanía podrá conocer el coste real de los servicios que presta el ayuntamiento, porque estarán perfectamente tasados.

Injerencia e innecesario

Todo ello es cuestionable desde distintos puntos de vista. Desde Euskal Herria, antes que cualquier otra cuestión se censura que con esta reforma el Estado impone sus criterios a las instituciones vascas. Así las cosas, hace meses ya que tanto el Parlamento de Nafarroa como el de Gasteiz aprobaron resoluciones mayoritarias contra este proyecto. Formaciones como PNV o UPN se han situado en contra, al menos antes de que se conociera el texto.

Ayer, tras pasar el filtro del Consejo de Ministros, Lakua pidió al Ejecutivo español que reconsidere el anteproyecto o que, en su caso, este no sea de aplicación ni en Araba, ni en Bizkaia ni en Gipuzkoa.

En un comunicado, sostuvo que el planteamiento de la reforma local es «desproporcionado» y constituye una «grave injerencia en el principio de autonomía local», consolidado en el ámbito europeo. Además, considera que «no se adecúa a la realidad económica de los entes locales vascos que, por lo general, tienen situación saneada».

El Gobierno de Iñigo Urkullu ha enviado al Ejecutivo español un texto de 23 folios con su opinión y las alegaciones de las tres diputaciones forales y de Eudel.

Amaiur concede gran importancia a esta reforma, como confirmó la comparecencia urgente de Onintza Enbeita, que alertó de que «esto no cae del cielo. Busca centralizar y vaciar de contenido a los ayuntamientos, que son las instituciones más cercanas a la ciudadanía».

En paralelo, se refirió a las medidas de control de gasto anunciadas para anticipar que el Gobierno español busca mantener la competencia absoluta para «decidir si los gastos de un ayuntamiento son legítimos o no», algo que Amaiur considera intolerable.