El Gobierno español decidió ayer diferenciar con más claridad entre las actividades de carácter público y privado de las futuras cámaras de comercio, de manera que en ningún momento entren en competencia desleal con entidades privadas, así como dar mayor representatividad a las organizaciones de autónomos. Según el Proyecto de Ley de Cámaras de Comercio, las actividades del ámbito privado no podrán recibir en ningún caso recursos públicos que supongan una competencia desleal con entidades privadas. La financiación se basará en los ingresos que reciban por sus servicios.