El juicio contra el más de medio centenar de personas incluidas en el sumario 18/98 comenzó en noviembre de 2005 y concluyó 16 meses después, en marzo de 2007. Casi 500 días de vista oral que supusieron un duro castigo -más allá del que luego fijaron los jueces- para un grupo de ciudadanos y ciudadanas vascas obligadas a soportar la virulencia del sistema judicial español por el único motivo de ser abertzales, de izquierda y consecuentes con esas ideas. Viajes semanales a Madrid, en algunos casos para volver a las pocas horas por la incompetencia del tribunal, accidentes, alojamiento en condiciones más propicias para un fin de semana de asueto que para un juicio eterno, frío polar, calor mesetario... La sentencia está escrita, y las condenas, escandalosas, son conocidas. Pero el coste personal y colectivo que supuso aquel juicio tampoco lo olvidará ninguno de quienes lo sufrieron. Coste humano, familiar y emocional, muy sentido con la llorada pérdida de Jokin Gorostidi, uno de ellos, fallecido mientras se realizaba el juicio.

Y coste también económico. Porque aguantar año y medio de juicio es terriblemente caro. Según explicaron entonces los imputados, a cada uno de ellos y de ellas aquella farsa de proceso le supuso en torno a tres mil euros mensuales. Hagan cuentas, y llévense las manos a la cabeza. Medio centenar de personas, 16 meses de vista... Sí, una barbaridad. Entonces parte de ese dinero fue recaudado gracias a bonos de ayuda, al material que se vendió en todos los pueblos y barrios de Euskal Herria -quién no tiene una camiseta, una agenda, un pin, del 18/98-, jornadas como el Bat Egin Eguna, conciertos como el celebrado en el BEC, la colaboración desinteresada de artistas que llegaron a sacar un CD de apoyo a los imputados, etcétera. La solidaridad que se desató entonces en este país fue espectacular, en gran parte como resultado del inmenso trabajo realizado por los propios procesados y la plataforma surgida en torno a ellos.

Y el resto del dinero salió de su propio bolsillo, que en muchos casos ya estaba muy castigado. Porque no hay que olvidar que la pesadilla había comenzado mucho antes. Por ejemplo, el cierre de «Egin» se produjo en julio de 1998, y la operación contra algunas empresas clausuradas por Garzón, antes incluso, en mayo de ese mismo año. El resto de las piezas del macrosumario correspondían también a operaciones desarrolladas años antes. Y en todo ese tiempo, además de la incertidumbre personal, de la zozobra de no saber qué va a ocurrir, de las medidas cautelares, también hubo consecuencias económicas. En algunos casos en forma de pérdida de empleo, de precariedad, de fianzas, gastos... Para cuando empezó el triste show de la Casa de Campo llovía sobre mojado.

Lo mismo puede decirse de quienes a partir de octubre deberán comparecer, una vez más, en la Audiencia Nacional. En esta ocasión ochenta personas, de todas las edades y que solo ellas saben lo que han tenido que pasar hasta llegar a este punto.

Tampoco es algo nuevo, es cierto. Cuando este pueblo se ponga en serio a escribir el relato de lo ocurrido en las últimas décadas, no estaría mal que alguien hiciera un apunte, aunque solo sea un detalle a pie de página, respecto al dinero que el Estado español ha robado a tanta gente, la ruina que ha causado en tantas familias, el apoyo que no pudo ir a otras causas solidarias. Porque, vale, no será lo más importante, pero maldita la gracia que hace.