La resolución del Tribunal Supremo en el caso de las dietas de la CAN ha decepcionado y/o enfadado a buena parte de la ciudadanía. Es un dato revelador y que anima, a pesar de la aparente contradicción, a quienes seguimos creyendo y luchando por un mundo más justo donde los seres humanos puedan realizarse con dignidad. Una utopía por la que merece la pena esforzarse, no solo como idealista objetivo sino... «por la cuenta que nos trae». Y decía que nos animan esa decepción y enfado porque confirman que la gente está viva, siente y se rebela, aunque el agusanado sistema político que padecemos se empeñe en mantener insensible a su ciudadanía...«por la cuenta que le trae».

En Kontuz, cuando nos enteramos de la resolución del Supremo, estábamos reunidos y, precisamente, preparando una nota de prensa para el día en el que se anunciara este veredicto. Nos lo olíamos, pero como seguimos siendo idealistas, teníamos alguna mínima esperanza en que el enorme esfuerzo de la juez Mª Paz Benito y su auto, calificado por todos los juristas consultados, de distintas procedencias ideológicas, como magnífico y muy difícil de rebatir, pusiera al tribunal en un aprieto y le forzara, al menos, a abrir una serie de diligencias informativas. Meses de ingente trabajo, de valentía ante las presiones y profesionalidad en las actuaciones, archivados por cinco jueces en pocos días y con un argumentario de «chichinabo».

Como decía, nos pilló reunidos y escribiendo la nota para tranquilizar y explicar a la ciudadanía que «no pasa nada», que hemos hecho juntos un largo y exitoso trayecto y que queda un largo camino por recorrer en el que los responsables de la desaparición de la CAN tienen mucho que perder y los navarros y navarras bastante que ganar avanzando, esclareciendo lo sucedido.

Aranearum telis fas est leges comparare, dice el latinajo que traduzco como «la ley es semejante a una tela de araña», y añado, solo atrapa a los insectos pequeños. Es lo que hay. No nos han metido un gol. Sabíamos desde el principio a qué nos enfrentábamos y recordábamos las palabras del ilustre juez J. Navarro: «Los jueces ni se compran ni se venden, se regalan». Teníamos muy claro que este tipo de actuaciones, como las de la Fiscalía de Navarra desde el inicio del proceso, se iban a dar y somos conscientes de que el «enemigo» no es pequeño, pero también estamos seguros de que la verdad acabará imponiéndose, más pronto que tarde y caiga quien caiga.

Hemos de felicitarnos por haber sido capaces de desenmascarar a quienes se vanagloriaban de que Navarra era una especie de paraíso terrenal gracias a ellos y ellas. A día de hoy tanto Miguel Sanz y Yolanda Barcina como Roberto Jiménez son políticos absolutamente amortizados por sus partidos y despreciados por la ciudadanía.

Se ha conseguido hacer tambalear el «cortijo» del tándem UPN-PSN, que, a pesar de la ayuda de la patronal dirigida por José Antonio Sarría, uno de los gestores y beneficiarios de la CAN, de UGT y CCOO avalando todas las decisiones de la entidad, y de algunos medios de comunicación como ``Diario de Navarra'', se ha visto acorralado por las denuncias públicas de Kontuz y Las movilizaciones ciudadanas. Por primera vez en mucho tiempo les hemos visto nerviosos, dando «patadas al aire», enfrentados internamente y con un discurso que ni los más fieles han sido capaces de defender. Porque, a día de hoy, ¿son capaces de responder ante la ciudadanía por qué ha desaparecido la CAN, quiénes han sido los responsables y por qué se niegan a una investigación parlamentaria?

El futuro es alentador, a pesar de la sonrisa de Yolanda Barcina que produce vergüenza ajena. ¿Cómo es posible que hable de honorabilidad quien ha cobrado una millonada por no hacer nada y que, al ser descubierta, ha tenido que devolver los dineros? La misma presidenta de UPN que tuvo que devolver el reloj de lujo, también regalado por el Sr. Goñi, pero pagado por la CAN, cuando la historia llegó a los medios de comunicación.

Dimitir y asumir su defensa ante la justicia navarra hubiera sido un gesto de honorabilidad. Porque vivimos en la única comunidad en la que su presidente es juzgado por el Supremo y no por el Tribunal Superior de Justicia de cada territorio.

Más allá de la presunción de inocencia, hemos ejercido nuestro derecho a denunciar porque los consideramos culpables y la resolución del Supremo no nos ha hecho cambiar de opinión. Y creemos que la ciudadanía también tiene claro su veredicto.

Animamos a confiar en el camino de la investigación y la denuncia pública porque van a aparecer más datos y más pruebas de la gestión impresentable de la entidad hundida. Y de quiénes fueron los responsables pues, aunque el Tribunal Supremo se tape los ojos y los oídos, no son otros que quienes presidieron los principales órganos de poder de la entidad. Su falsa sonrisa «profiden» oculta miedo y debilidad, no lo dudéis, porque se han quedado con las vergüenzas al aire y pronto el control de esos recursos va a cambiar de manos «por imperativo legal», ético y democrático.