La duodécima ronda de las conversaciones entre las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos arrancó ayer en La Habana con cierta tensión. Durante las tres semanas de receso, la guerrilla asestó un duro golpe al Ejército en los combates que mantuvieron en Arauca y Caquetá e hizo público que desde junio mantienen en su poder a un exmilitar estadounidense y su intención de entregarlo a una misión de la Cruz Roja encabezada por Piedad Córdoba, planteamiento al que el presidente se opuso de manera tajante.

El jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle, volvió a dejar claro que no habrá un cese de las hostilidades mientras no se firme el acuerdo de terminación del conflicto.

La víspera, el presidente pidió a la opinión pública colombiana que «entienda» que los diálogos se desarrollan «en medio de la guerra. Lo que tenemos que entender es que estamos en medio de una guerra y la muerte de 15 soldados es el costo de la guerra». Aunque reconoció que esta dualidad -ofensiva militar y diálogo al mismo tiempo- genera «confusión» en la sociedad, insistió en que esa es la condición «que más favorece el proceso para buscar el fin del conflicto», porque «un cese al fuego, como lo está pidiendo la guerrilla, lo que hace es prolongar el conflicto, en forma indefinida».

Prometió que el premio de la paz «tiene que ver con el desarrollo social, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, con la infraestructura y con la creación de empleo».

En su declaración ante los medios, De la Calle incidió en este mensaje, remarcando que «solo si se pacta un acuerdo sobre los seis puntos de la Agenda, las FARC podrán hacer política, pero sin armas, en democracia, una vez se hayan desmovilizado». «Las conversaciones deben generar obligaciones para ambas partes. No se trata de que el Estado otorgue garantías. También corresponde a las FARC brindarlas. Para que cese la violencia. Para que todo ciudadano pueda hacer política sin intimidación», destacó.

Por su parte, el delegado de la guerrilla Andrés París acusó al Ejecutivo de «lanzar al mundo discursos de paz», mientras reprime a los campesinos del Catatumbo. «De nada sirve hablar en La Habana de la limitación de la propiedad de la tierra, del freno a su extranjerización, de su formalización a favor de los pobres y de la soberanía nacional, si el Gobierno convierte lo acordado en palabras vacías y no le interesa defender al campesino pobre», denunció para exigir a Bogotá que empiece a «cumplir» y deje de «reprimir».