El juez de la Audiencia Nacional española Fernando Andreu ordenó ayer el ingreso en prisión del pederasta David Galván, que sobre las 13.00 fue trasladado a la prisión de Soto del Real.

Condenado en Marruecos a 30 años de prisión por abusar sexualmente de once menores, algunos de tan solo tres años, fue indultado por el rey marroquí a raíz de unas gestiones del monarca español durante el reciente viaje que realizó a Marruecos por asuntos «comerciales».

Su excarcelación generó una inusual indignación entre la ciudadanía, que no acostumbra a poner en duda las decisiones del rey, a quien no se puede cuestionar. Pese a la fuerte represión de la Policía, las manifestaciones se extendieron por varias ciudades obligando al monarca Mohamed VI a adoptar una «actitud pragmática» y a revocar el indulto excusándose en que no había sido informado de la gravedad de los delitos cometidos por Galván, de origen iraquí y cuya verdadera identidad sigue siendo un misterio.

«Esta es la primera vez que la sociedad civil marroquí se ha opuesto una decisión del rey. Es la primera vez también que en Marruecos un violador es condenado a 30 años y, dos años más tarde, es liberado de esta manera tan inaceptable para la ciudadanía», subrayó en declaraciones a Al Jazeera, Driss Ksikes, director de la web del periódico «Economia». «Lo sucedido encierra muchas interrogantes. No se explica la rapidez con la que Galván fue excarcelado nada más decretarse su indulto y cómo entró tan rápido en España. La clave tal vez esté en la supuesta conexión de este hombre con los servicios secretos españoles», añadió.

En medio del revuelo generado, Madrid anunció ayer la detención de Galván por efectivos de la Policía española en un hotel de Murcia pese a que horas antes, fuentes del Ministerio de Justicia habían dicho que desconocían su paradero desde que el miércoles entró en territorio español por Ceuta.

Durante su comparecencia ante Andreu, Galván rechazó ser extraditado a Marruecos invocando su arraigo en el Estado español por sus amistades y por tener una casa en Torrevieja.

El magistrado rechazó este extremo asegurando que «carece de arraigo, familiar, social económico o de otro tipo que neutralice la tentación de ponerse fuera del alcance de la Justicia».

En el plano político, la secretaria de Política Social del PSOE y exministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, exigió al Gobierno de Mariano Rajoy explicaciones e información «clara contundente y oficial» sobre estos indultos y «cuál ha sido todo el proceso que ha llevado a un pederasta a estar en la calle».

Preguntó a La Moncloa por qué al recibir el indulto no informaron del error a la autoridades marroquíes «al ser un caso de tal gravedad».