Yolanda Barcina ha conseguido sostener su Gobierno en minoría durante todo un curso político. A finales de junio del pasado año decidió acabar el experimento de la coalición con el PSN y desde entonces solo controla 19 de los 50 escaños del Parlamento. Pero su capacidad de aguante, en realidad, ha dependido del apoyo del PP, ya que UPN se ve en la necesidad de recortar el poder a la Cámara foral a través de los recursos que Madrid interpone ante el Constitucional y que alienta desde Iruñea. Es decir, Barcina ha optado por aliarse con el Estado para minar el fuero de un Parlamento que es incapaz de controlar.

La buena relación de Barcina con el Gobierno de Mariano Rajoy y, sobre todo, con su apéndice en Iruñea, la delegada Carmen Alba, está demostrando ser uno de los bastones fundamentales para la presidenta. Los recursos al Constitucional están siendo el asidero al que se aferra Barcina cuando el Parlamento se le descontrola y aprueba leyes que desagradan a UPN. Una vez presentado el recurso, el Gobierno navarro ya tiene vía libre para desobedecer la ley hasta que el tribunal falle. Y con ello Barcina ve despejado el camino hasta terminar la legislatura.

El pasado martes se cerró el curso político y el Parlamento bajó la persiana hasta setiembre. La sesión acabó en otra derrota de UPN al aprobarse una ley para frenar los despidos masivos en las empresas públicas. Una vez más, Barcina optó por buscar la ayuda de Alba y, antes incluso de la votación, afirmó que le daba igual el resultado, porque Madrid recurriría la ley al Constitucional y, según ella, el TC quitará el derecho al Parlamento de participar en el gobierno de las empresas públicas navarras. El conflicto sobre cómo han de gobernarse estas empresas no tiene ningún interés para el Estado; sin embargo, Alba confirmó que Madrid también recurrirá esa ley.

La decisión del Gobierno Rajoy de respaldar hasta el final el mandato de Barcina es público y notorio. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, lo ha reivindicado: «Ya sabemos que el Gobierno foral no tiene mayoría. Pero eso de que se estén sistemáticamente aprobando iniciativas en el Parlamento con una presunción de inconstitucionalidad muy clara, hasta el punto de que está obligando al Gobierno de España a recurrir ante el Tribunal Constitucional, dice muy poco de quienes las están promoviendo».

Poco después, el ministro (cuya familia es de Fitero) revelaba que lo que realmente le ha provocado la alerta es que en el Parlamento navarro «se están uniendo grupos que no deberían estar juntos».

El caso de las empresas públicas navarras no es un hecho aislado dentro de curso pasado y, de hecho, ya son ocho las leyes que ha aprobado la Cámara y que están recurridas por el Estado. Y otras seis (incluida la de las empresas públicas) van camino del TC. Algunas fueron aprobadas en cursos anteriores pero, por lo general, llevan la firma de la oposición desde que UPN inició su aventura en solitario.

«Navarra está en estos momentos en el ranking de las comunidades autónomas con más recursos ante el Constitucional», reconoció Barcina el pasado 2 de agosto. Pese a todo, la presidenta no puede ocultar la ventaja que esta situación le proporciona. «Nosotros, lógicamente lo que hacemos es cumplir con la legalidad, pero debemos cumplir con la legalidad del Parlamento y con la legalidad a nivel nacional y constitucional», puntualizó.

En esta tesitura, se revela clave el papel del equipo de juristas del Gobierno, que dirige José Antonio Razquin y cuya misión es defender las competencias forales. Pero la lealtad de Razquin hacia la presidenta resulta incuestionable y le está sirviendo para recibir nuevas responsabilidades (como un puesto en el patronato de la Fundación CAN). «Cuando hay conflictos de legalidad, decidirán nuestros letrados y actuaremos siempre buscando el menor perjuicio para los navarros», dijo Barcina.

Masivo recorte competencial

Esta estrategia le resulta útil a UPN para frenar temporalmente al Parlamento, pero la factura la pagará la soberanía navarra si no se le pone remedio pronto. Entre lo que ahora está en juego se encuentran nada menos que las competencias para organizar su administración (recurso a la extra de los funcionarios y el de las empresas públicas), diseñar la recaudación tributaria (abono de la contribución a la Iglesia e impuesto sobre la energía) y gestionar el sistema sanitario navarro (copago farmacéutico y asistencia sanitaria gratuita universal).

Si el Gobierno no se pone ya en marcha y prepara su defensa ante estos recortes competenciales, el daño puede ser perenne. Contra una sentencia del TC no cabe recurso -salvo acudir a Europa- y, por tanto, si hay recortes en el fuero, serán para siempre. Por ahora, el Gobierno se escuda en la «irresponsabilidad» de la oposición para seguir mirando hacia otro lado.

Parece claro que Barcina ha dado total prioridad a aguantar lo que queda de legislatura. Su victoria, aunque por la mínima, en el Congreso de UPN le ha dejado sin oposición interna. Aun así, esta peligrosa estrategia vulnera los principios fundacionales de su partido, esos que concreta el artículo segundo de los Estatutos de UPN. Tras definirse como un partido de centro reformista y «foralista», asegura que su objetivo esencial es la defensa y desarrollo «de los derechos originarios e históricos» de Nafarroa, así como la pervivencia del territorio como comunidad «diferenciada».

La debilidad de Barcina ha arrastrado a Nafarroa a una situación que ya conoce, con las Cortes intentando hacer valer los derechos históricos y los gobernantes navarros trabajando codo con codo con Madrid para cercenarlos. Lo que sí es nuevo es que estos gobernantes hayan sido elegidos por las mismas Cortes que ahora atacan.