Este es un país de ideología fascista. Ningún partido quiere buscar soluciones porque el patriotismo da votos». Manuel Márquez, de 55 años, es soldador y lleva más de media vida cruzando la frontera entre La Línea de la Concepción y Gibraltar, donde trabaja en un astillero. El martes por la tarde, cuando los controles de Policía española y Guardia Civil habían dado una tregua y el tráfico se desarrollaba de forma fluida, este delegado de la Asociación Sociocultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar, permanecía junto a la frontera exhibiendo carteles donde podía leerse «Solución política». La escalada de tensión entre Madrid y Gibraltar se ha vuelto, como era previsible, como un «efecto boomerang» contra los trabajadores españoles, aproximadamente 7.000, que diariamente cruzan al Peñón desde La Línea. Para Márquez, como para el resto de sus compañeros, esto no es más que una cortina de humo que, en el juego diplomático, termina perjudicándoles. El problema de este territorio británico y jugoso paraíso fiscal que el Estado español lleva reclamando desde hace tres siglos es complejo. Mucho más amplio que los 6,8 kilómetros cuadrados que abarca. Aunque, en realidad, tampoco es tanto, ya que sus habitantes han dejado claro en dos ocasiones que siguen queriendo mantener su estatus. De hecho, Madrid siempre ha salido perdiendo en todos los ámbitos. Basta con preguntar a cualquiera de los 28.000 «llanitos» sobre su futuro para recibir la misma respuesta: pase lo que pase, no están dispuestos a cambiar la corona británica por la de Juan Carlos de Borbón. Una afrenta histórica para un Estado cuya actitud hacia Gibraltar siempre se ha definido a través del final de «Torrente 2», cuando el policía bombardea el Peñón al grito de «o española, o de nadie».

«Eso no ocurrirá nunca», comenta, entre risas, Harris, un gibraltareño que degusta una pinta en una taberna ubicada junto a la oficina del primer ministro, en el centro de Gibraltar. No quiere ni oír hablar de pasar a la rojigualda. Obviamente, la conversación discurre en inglés, aunque los habitantes del Peñón utilizan el «llanito» un particular «spanglish» con deje andaluz. En ella, ni Harris ni el resto de acompañantes muestra preocupación por las largas filas que colapsan la frontera. Aunque han transcurrido más de tres décadas, todos tienen en mente que hubo tiempos peores, en referencia a aquel bloqueo al que fueron sometidos desde 1969, cuando el dictador Francisco Franco cerró por completo la verja.

Hubo referéndum

El origen de aquel aisalmiento estuvo en el primer referéndum organizado en el Peñón y en el que, de forma abrumadora, Gibraltar optó por seguir perteneciendo a Gran Bretaña como territorio autónomo. Una decisión ratificada en 2002 con otra consulta en la que los gibraltareños dejaron claro que no tenían intención de modificar su estatus para acercarse a Madrid. «Fue muy duro. Pasamos muchos años sin poder salir», explica un gibraltareño de origen judío que no quiere dar su nombre. En su opinión, el contraste entre la opulencia del territorio británico y las consecuencias de la crisis al otro lado de la frontera es origen de recelos («nos hemos pasado», considera). Unas tesis que resultarían difíciles de justificar ante sus vecinos. «Esto es un pueblo», señala. Aunque también tiene claro que «los más perjudicados» por el incremento de controles promovido por Mariano Rajoy son los ciudadanos españoles. Ellos son quienes han padecido las largas colas que llegaron a alargarse hasta siete horas. Una espera agravada por las altas temperaturas que llegaron a obligar al Gobierno de Gibraltar a repartir hasta 11.000 botellas de agua.

«Estoy en paro, tengo seis nietos y debo alimentarles. Con un cartón de tabaco consigo 20 euros para hacer el día». Antonio (nombre ficticio) llevaba casi dos horas aguardando la fila para ingresar en el peñón. Era miércoles por la mañana y, tras una jornada de tregua, las colas volvían a colaplsar la frontera. El contrabando de tabaco constituye una de las salidas económicas para La Línea de la Concepción, un municipio de más de 60.000 habitantes en el que, al menos, uno de cada cinco de sus vecinos padece el desempleo. No en vano, un cartón que cuesta aproximadamente 45 euros en el Estado español no sobrepasa los 25 en el Peñón. Otros bienes, como la gasolina, que también es notablemente más barata al otro lado de la frontera, atraen a decenas de personas que están dispuestas a aguardar durante horas para realizar un trayecto que, sin controles policiales, apenas supondría un par de minutos.

La versión oficial dice que Madrid incrementó los controles después de que el Gobierno de Gibraltar vertiese bloques de hormigón para desarrollar un arrecife. Una maniobra que, según el Ejecutivo español, impide a los pescadores acercarse a unas aguas que reivindican como propias. Aunque, en realidad, de lo que hablamos es de un máximo de diez barcos en la temporada más productiva. Y eso, según Leoncio Fernández, patrón de la cofradía de La Línea y aliado con las tesis del Ejecutivo del PP. «La solución es que retiren los bloques», asegura, advirtiendo sobre la posibilidad de que los pescadores se movilicen frente a la roca. Una posición que los represetantes de los trabajadores cuestionan, argumentando que los barcos se esgrimen únicamente cuando hay problemas internos. Claro, que el argumento de la pesca es la teoría. La sensación general es que, como hace una década con el asalto militar español a la isla de Perejil, el objetivo de Madrid es tapar sus conflictos internos, que son muchos, con una bandera rojigualda.