corrupción en el pp
Los exdirigentes del PP dejan más dudas sobre sus cuentas
Los anteriores número dos del partido se autoexculpan de los sobresueldos, pero confirman al juez que existía «descontrol» en las «donaciones». El sucesor de Bárcenas admite pagos en B.
Alberto PRADILLA | MADRID
Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas, ex secretarios generales del PP desde 1990 hasta 2003, se enrocaron ayer en la versión oficial de Génova y ofrecieron un relato repleto de amnesias, centrado en defender la legalidad de sus acciones y en eludir responsabilidades en la supuesta trama de financiación ilegal de la formación que lidera Mariano Rajoy. Los dos negaron la existencia de una caja con dinero negro y, por lo tanto, haber cobrado de ella, tal y como desveló el extesorero Luis Bárcenas. No obstante, sí que asumieron que las donaciones anónimas, procedentes en su mayoría de empresarios según la documentación aportada por Bárcenas, llegaban al partido «sin control», responsabilizando de ello a los encargados de las finanzas. Más que negativas concretas, «no recuerdo» o «no me consta» o «no sabría decir» fueron las frases más repetidas por los dos antiguos altos cargos que, al declarar como testigos, tenían obligación de decir la verdad.
La idea que tanto Álvarez Cascos como Arenas quisieron dejar clara es que no han cobrado dinero negro del PP, ya que no reconocen la validez de los manuscritos de Bárcenas. Según la documentación aportada por el extesorero el pasado 15 de julio, el primero llegó a embolsarse unos 412.000 euros en diversas épocas, incluyendo su etapa como ministro de Fomento, lo que viola la Ley de Incompatibilidades. «Solo reconozco lo que figura en mis declaraciones de la renta», rebatió el actual líder de Foro Asturias, apartado del PP desde el 1 de enero de 2011. Arenas, a quien Bárcenas atribuyó cobros de 234.000 euros, también negó la mayor y afirmó no haber recibido dinero de Bárcenas. En la misa línea, Antonio Ortiz, cajero de Génova, negó haber tenido conocimiento del pago de sobresueldos procedentes de donaciones ilegales.
En su declaración ante el Congreso del pasado 1 de agosto, el presidente español, Mariano Rajoy, sí que asumió el pago de «complementos» a la cúpula del PP, aunque remarcando que se trataba de compensaciones legales. El problema para Génova es que la lista de dirigentes que ya han reconocido haber cobrado en B es cada vez más amplia. Jaime Ignacio del Burgo (un pago sobre el que ambos secretarios generales afirmaron no tener constancia pese a haber sido ratificado en sede judicial), Calixto Ayesa, Santiago Abascal y Pío García Escudero eran, hasta ayer, quienes habían asumido esta práctica. A ellos se les añadió un nuevo nombre: Cristóbal Páez, sucesor de Bárcenas al frente de la tesorería y que se mantuvo apenas un año en el cargo, hasta 2010. En su declaración ante Ruz, admitió haber recibido dos sobres con 6.000 euros cada uno en billetes de 500, que coincidirían con anotaciones aparecidas en los papeles de Bárcenas publicados por «El País» y correspondientes a los años 2007 y 2008.
La culpa a la tesorería
Sobre el origen de los fondos, las cuatro declaraciones de ayer permitieron demostrar el «descontrol» existente sobre las aportaciones anónimas. Ambos secretarios generales señalaron, según fuentes jurídicas, que no existía ningún protocolo que garantizase el cumplimiento de las leyes de régimen electoral o de financiación de partidos políticos. Según estas normativas, debe de identificarse a los donantes anónimos, no debe sobrepasar el máximo anual establecido (60.000 euros hasta 2007 y 100.000 a partir de esa fecha) y las entregas monetarias no deben llegar de empresas adjudicatarias de contratos públicos. Sin control (los dos asumieron que no existían directrices ni escritas ni orales) nada de esto estaba asegurado. Una carencia de supervisión que, según Ortiz, que ejerce como cajero en Génova, llegaba al punto de no anotar los DNIs de los donantes anónimos del partido.
La pregunta ahora es cómo ambos ex secretarios generales tienen tan claro que no hubo aportaciones en dinero negro después de reconocer que ni siquiera existía una preocupación por cumplir la ley con las contribuciones legales. «Ha habido una absoluta dejación culpable de sus obligaciones con una clara intencionalidad, que perviviera el sistema de financiación ilegal heredado de Rosendo Naseiro», denunció el abogado Enrique Santiago, que representa a IU como acusación particular.
Amnesia de Cascos
Acerca del control de la legalidad de la financiación, tanto Arenas como Cascos afirmaron que nunca creyeron que le correspondiese a la secretaría general, sino que estaba en manos de la tesorería. De este modo, ambos apuntaron hacia el propio Bárcenas y Álvaro Lapuerta, tesorero entre 1992 y 2008 y también imputado en esta causa. Lapuerta no ha declarado todavía, ya que se encuentra convaleciente de un accidente doméstico que sus propios familiares han denunciado. Paradójicamente, Cascos ostentó el cargo de tesorero entre 1990 y 1993 (compatibilizándolo con el de secretario general). Ahora no recuerda nada sobre su labor al frente de las finanzas del PP. En realidad, ninguno de los dos supo, según fuentes presentes en el interrogatorio, explicar su desconocimiento sobre el sistema de financiación.
Los dos ex secretarios generales insistieron en negar la veracidad de los manuscritos aportados por Bárcenas. No obsta- nte, su sucesor en el cargo, Cristóbal Páez, sí que admitió que, tal y como declaró en su día el extesorero, este le entregó unas carpetas para que las custodiase ante el temor de que se produjese un registro judicial en Génova. Según fuentes judiciales, Páez afirmó haber visto algunas hojas en Excel que podrían corresponderse con los documentos de los años 93 al 96 a los que hizo referencia Bárcenas. «No quise mirarlos», dijo-
Hoy es el turno de declarar de la actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que cierra el calendario de comparecencias hasta setiembre.
La obligación legal de los testigos a decir la verdad y las sospechas entre algunas acusaciones de que este principio no ha sido respetado ha abierto la posibilidad de que se tramiten querellas contra algunos de los declarantes.
El juez Pablo Ruz ordenó requisar los teléfonos móviles y las tabletas de los abogados presentes en las declaraciones. Según argumentó, pretendía evitar que se hiciesen públicos los testimonios tal y como ocurrió con Bárcenas el 15 de julio.
Cascos y Páez avalaron la existencia de la «comisión de infraestructuras» revelada por Bárcenas en la que miembros del PP y empresarios donantes decidían los planes estratégicos que incluir en el programa electoral.
La actitud de Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas fue completamente distinta, tanto en el despacho del magistrado Pablo Ruz como en la forma en la que ambos ex secretarios generales llegaron a declarar a la sede de la Audiencia Nacional española. Según fuentes jurídicas, el primero mantuvo un perfil «tenso y arisco», llegando incluso a ser apercibido por el juez para que respondiera de forma adecuada a las preguntas formuladas por los letrados de la acusación particular. No obstante, al margen de lo ocurrido dentro de la sala de vistas, la diferencia entre ambos políticos pudo verse desde el momento en el que llegaron al tribunal.
Álvarez Cascos, que estaba citado a las 11.30 (aunque el retraso en la declaración previa, la de Cristóbal Páez, que se alargó por espacio de dos horas, provoco que se produjese mucho mas tarde) llegó andando desde el paseo de Recoletos. De este modo, realizó a pie los 70 metros que separan esta arteria del acceso al tribunal. Allí le esperaba, como es habitual en las citaciones por corrupción, un grupo de afectados por la estafa de las preferentes de Bankia, que le recibieron con insultos. Una imagen que se repitió en el caso de Arenas, que llegó en coche hasta la puerta de la Audiencia.
Cascos también abandonó a pie el tribunal, por lo que las decenas de periodistas que se encontraban cubriendo las declaraciones se acercaron al exministro para solicitarle unas palabras. Escoltado por un grupo de policías que llegó a empujar a los informadores, el ahora líder de Foro Asturias realizó su «paseíllo» sin dar ninguna explicación. A.P.
El extesorero Cristóbal Páez reconoció también haber cobrado en B diversos trabajos sobre derecho laboral realizados entre 1986 y 1996. Según su versión, era el propio Luis Bárcenas quien solicitaba los encargos y hacía los pagos.
Arenas admitió haberse reunido en 2010 con Rajoy, Bárcenas y Rosalía Iglesias (mujer del extesorero) en Génova. Allí se garantizó que este dispondría de despacho y chófer pese a que oficialmente ya no estaba a cargo de las finanzas.
