Algo que en Euskal Herria se ha denunciado históricamene hace años es ahora cuestionado y criticado nada menos que por el ministro de Agricultura y Medio Ambiente español, Miguel Arias Cañete, quien presenta el anterior Plan Hidrológico Nacional como un despilfarro, y anuncia uno nuevo que revise toda la política hidrológica. Lo hace en nombre de una racionalidad que en este país no pocas veces ha sido respondida con represión policial y cárcel.

El resultado de esa política en Euskal Herria es, por ejemplo, el Canal de Navarra, que supone, además del gravísimo impacto ambiental del pantano de Itoitz del que trae causa, una cadena de despropósitos e improvisaciones como consecuencia de acometer el proyecto sin haber evaluado previamente no solo su viabilidad, sino incluso su necesidad. O el recrecimiento del Esa, que pretende triplicar la capacidad del pantano y de momento lo único que ha triplicado ha sido su presupuesto, en contra de la opinión de los expertos y la seguridad de los habitantes de la zona. Frente a una gran mayoría de perjudicados, las grandes empresas que llevan a cabo las obras son las beneficiarias. Y no cabe duda de su «colaboración» con los gobiernos en la concreción de grandes proyectos de infraestructuras, tal y como ha destapado el «caso Bárcenas» y admitió el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, en su declaración ante el juez Pablo Ruz por el caso, al argumentar que sus reuniones con ministros no tenían por objeto conseguir contratos, sino concretar el Plan Hidrológico Nacional.

Si la gestión de las administraciones hubiera sido la que ahora recomienda Arias Cañete, es decir, si primero se hubiera analizado la viabilidad de los proyectos, la obra del Canal de Navarra ni siquiera habría comenzado, al igual que el pantano de Itoitz y probablemente el recrecimiento del Esa. Sería lógica la asunción de responsabilidades, siquiera políticas, por semejantes desmanes, pero los gobernantes navarros y los del Estado español han demostrado reiteradamente que su práctica de supeditación del bien común al negocio de algunos particulares no es una excepción, sino su modo de gobernar.