El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anuncia una revisión amplia de la política hidrológica en términos equiparables a los que esgrimió José Blanco en 2010 para anticipar un fuerte recorte en el presupuesto de Obras Públicas. En una entrevista a Europa Press, Arias Cañete hizo hincapié en el despilfarro con que se ha actuado en esta materia y lo simbolizó en el caso de las desaladoras construidas en el Meditérraneo.

«Podían haber pensado primero el costo, segundo estimar la demanda y luego, derogar el Plan Hidrológico Nacional. Pero aquí, primero se deroga el plan, se optó por las desaladoras, que ahora yacen muertas de risa y tendremos que arreglar ese problema que es otro de los grandes problemas heredados», dijo Arias Cañete acusando de ello al anterior Gobierno del PSOE.

Detalló que pretende dedicar 2014 a empezar a formular un nuevo Plan y a iniciar la revisión de toda la política en este terreno. Y avisa Arias Cañete de que en este objetivo no se excluye «ninguna posibilidad». Asegura que el Gobierno español lo hará desde «la racionalidad y desde conocer cuáles son los recursos hídricos disponibles en cada uno de los ríos españoles».

Sí dejó claro que el Plan Hidrológico será «distinto» al anterior porque en aquella coyuntura existía un «apogeo de disponibilidad de fondos estructurales comunitarios», a diferencia del momento actual, por lo que se acudirá «mucho más a la participación público-privada» en los proyectos.

En una reflexión general, el ministro Arias Cañete opina que el tema del agua en el Estado español resulta «muy complicado porque todo el mundo, los estatutos de autonomía, las reservas de agua, los caudales ecológicos... han hecho muy complicadas las cosas».

Se queja, por ejemplo, de que en el Plan del Ebro Catalunya plantea caudales ecológicos que según dice obligarían a recortar los usos actuales de toda la cuenca en un 35% y que constituyen «caudales que no han existido nunca, ni cuando no había pantanos».

En Euskal Herria

Esta admisión genérica de los desmanes de la política hidrológica estatal coincide con las críticas formuladas desde Euskal Herria en los últimos años por la misma cuestión, con dos botones de muestra muy claros: el Canal de Navarra y el recrecimiento de Esa.

El Canal, impuesto en su día como justificación para la construcción del pantano de Itoitz que resultó enormemente polémico, estimaba inicialmente un gasto de 1.200 millones de euros, pero ya se han producido importantes desviaciones.

En enero de 2012 se daba a conocer la paralización de la segunda fase -entre Pitillas y la laguna de Lor- por falta de financiación. El proyecto está siendo continuamente modificado, «actualizado» según la dialéctica eufemística de los gobiernos español y navarro. Hace apenas dos semanas anunciaban un nuevo retoque que se firmará próximamente.

El consejero navarro José Javier Esparza, en su día alcalde de Agoitz, argumenta ahora que se trata de una obra «a largo plazo y cuyo impacto positivo se disfrutará en su totalidad en un plazo aproximado de 50 años».

La realidad palpable es que las cuentas de la primera fase tampoco le salen al Gobierno, ya que la crisis que afecta fuertemente al sector primario hace que muchos más agricultores de los previstos rechacen convertir sus terrenos en regadíos al superar los costes a los beneficios. Un estudio elaborado el pasado año por la Universidad de Zaragoza concluyó que el binomio Itoitz-Canal no es rentable.

En cuanto al recrecimiento de Esa, que pretende triplicar su capacidad mediante la ampliación por la parte aragonesa, en 2001 se estableció un coste de 113 millones de euros en la adjudicación, que han crecido sucesivamente hasta 177, 208 y 376,8 en la última estimación del Gobierno español, reflejada en los presupuestos para este 2013. Las obras prácticamente no han avanzado desde la primera piedra, señalan los detractores del proyecto, pero el presupuesto ya se ha triplicado.

Los deslizamientos de la ladera que se vienen produciendo, y que obligaron a desalojar 60 casas en la localidad navarra de Esa en febrero, van provocado nuevos gastos. Se destinaron 17 millones a bulonar la pared, sin resultados, y ahora se anuncian otros 10. «Cosa que tocan, cosa que tiran y venga a gastar dinero para regocijo de las empresas», denunciaba en una entrevista a GARA Iker Aramendia, portavoz de Yesa + No.