Cuando el juez Pablo Ruz, que investiga la contabilidad paralela del PP, se marchó de vacaciones el pasado viernes, dejó un último recado a Génova: un plazo de cinco días para entregar a la Audiencia Nacional los dos ordenadores de Luis Bárcenas que todavía se guardan en la sede de la formación. El objetivo es determinar si la información que contienen coincide con el pen drive entregado por el extesorero el 15 de julio, cuando decidió «tirar de la manta». A partir de ese momento habrá tregua judicial hasta el 10 de setiembre, cuando están citadas, entre otras, las secretarias de Bárcenas y de Álvaro Lapuerta. A la espera de un inicio de curso que estará capitalizado por la trama de corrupción, el presidente español, Mariano Rajoy, se enfrenta ahora a las consecuencias internas: hay tensión en el partido, con intrigas, reposicionamientos y suspicacias ante cada declaración judicial. Por eso, se da por hecho que habrá cambios internos antes de la convención de otoño. Un contexto que Génova afronta sometido al estrés de sentirse permanentemente amenazado por la espada de Damocles de que nuevas revelaciones confirmen esa íntima (y delictiva) relación entre los grandes empresarios y la cúpula de la derecha española. Claro, que también es cierto que, pese a los escándalos, ningún alto cargo del PP ha dado muestras de estar dispuesto a marcharse. De este modo, la sensación de impunidad se resume en la frase «por menos, en cualquier lugar de Europa hubiesen dimitido». A ello se le suma la percepción de que la respuesta ciudadana no ha llegado a los niveles que exigía una trama que pone en cuestión todo el modelo político y económico de los últimos 35 años. Socialmente se da validez a las tesis de las donaciones ilegales y los sobresueldos. El número de confirmaciones de la validez de los manuscritos del extesorero se multiplica. Sin embargo, las protestas apenas congregan a centenares de personas. «¿Qué más tiene que pasar?» es una pregunta que se escucha en muchas de las movilizaciones. En este contexto, Rajoy, acostumbrado a resistir ante las adversidades, se aferra a la mayoría absoluta como garantía de acabar la legislatura. La dimisión es, en estos momentos, una idea que solo cabe en la política ficción.

Y eso que los indicios contra el PP se multiplican y podrían ir a más. En el ámbito judicial, una de las grandes incógnitas a corto plazo está en saber hasta dónde llegará el juez con las citaciones de testigos. Por ahora se ha limitado a llamar a los responsables del departamento de auditoría interna del PP y las secretarias de Bárcenas y Lapuerta, que acudirán el 10 de setiembre. Pero quedan pendientes muchos altos cargos cuyos testimonios son reclamados por las acusaciones. Por ejemplo, el expresidente español, José María Aznar, señalado por Jaime Ignacio del Burgo como responsable directo de los sobresueldos de Calixto Ayesa y que ha eludido testificar después de que el magistrado no lo considerase necesario. Otros antiguos miembros de la cúpula del PP que los letrados intentan sentar ante el magistrado son Federico Trillo o Ángel Acebes. El caso de este último es sorprendente. Todavía no ha sido citado pese a que ocupó la secretaría general entre 2004 y 2008, un período en el que Bárcenas y Lapuerta ostentaban más responsabilidades que durante el mandato de su sucesora, María Dolores de Cospedal, que sí pasó ante el juez.

Obviamente, habrá que ver si Ruz llega a plantearse citar a Rajoy, tal y como ha solicitado la Asociación de Abogados Demócratas por Europa. Por el momento, el juez le ha preguntado su opinión al fiscal, que suele defender las posiciones gubernamentales ya que su superior jerárquico es nombrado por el Ejecutivo. De este modo, parece difícil que la propia administración permita que el presidente sea señalado y termine declarando, aunque sea desde su despacho. Especialmente, cuando el instructor no ha dado un paso sin contar con el aval de Fiscalía.

Reaparece Lapuerta

En previsión a futuros paseíllos de altos cargos del PP, las declaraciones de Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal han dejado clara la estrategia de la formación derechista: negar todo y culpar a los tesoreros. Claro, que resulta difícil defender que no existían finanzas paralelas cuando varios de tus excompañeros ya han reconocido los pagos en «b». El último, Cristóbal Páez, sucesor de Bárcenas, cuya declaración de la semana pasada fue, según fuentes presentes en el interrogatorio, una de las más productivas. Asumió los 12.000 euros que aparecen en el manuscrito del extesorero (una «compensación», a su juicio «insuficiente», por no cobrar lo estipulado en un primer momento), dejó claro que era dinero negro y su certeza de que otros altos cargos del PP también se llenaron los bolsillos. Utilizando un poco de lógica, ya sería extraño que cargos intermedios recibiesen «complementos» y los primeros espadas se quedasen sin nada.

En este contexto, la reaparición de Lapuerta, recuperado tras el accidente que le dejó en coma, podría incrementar la presión sobre Génova. Su abogado, que había guardado silencio en todos los interrogatorios previos, intervino en las últimas sesiones para poner énfasis sobre la labor de control sobre las cuentas. Por una vez, la omertá en un caso de corrupción parece que se quiebra. A ello se le sumaría las pruebas que, supuestamente, todavía guarda Bárcenas. Entre ellas podría encontrarse una grabación de la reunión que mantuvo con Javier Arenas en 2012 y en la que habrían hablado sobre las cuentas en Suiza del extesorero.

Convención de otoño

Las declaraciones judiciales también han agitado las aguas internas del PP, resquebrajadas tras dos años de desgaste en el Gobierno español. No hay un «sálvese quien pueda» porque los principales dirigentes han mantenido una línea similar. Pero sí que hay suspicacias. Ocurrió, por ejemplo, el miércoles, cuando Cospedal señaló directamente a Rajoy como responsable de de pactar el finiquito con Bárcenas. Entre los reposicionamientos ya se habla incluso de Soraya Sáenz de Santamaría como futura sucesora del presidente. Habrá que ver qué movimientos se producen en la convención del PP de otoño, donde todos esperan que Rajoy de un golpe en el tablero.

Hasta entonces, Génova reacciona al contraataque. Solo así puede entenderse el anuncio el efectuado ayer por Carlos Floriano, quien aseguró que se querellaría contra Óscar López (PSOE) por hacer referencia a los pagos en negro. Lo cierto es que las disputas internas pueden hacer más daño al PP que una respuesta social que, hasta el momento, se mantiene con limitaciones. En el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba todavía amaga con una moción de censura que Rajoy eludió tras comparecer ante la Cámara. En la calle, IU prepara una gran movilización para otoño. Desde Moncloa insisten en que ninguna revelación judicial moverá a Rajoy y apelan a futuras bondades económicas cuya credibilidad está al mismo nivel que las negativas ante la corrupción.