Ion SALGADO

«El `ordeno y mando' tiene los días contados en este país». Aitziber Ibaibarriaga, edil soberanista en el Ayuntamiento de Bilbo, aprovechó la manifestación convocada ayer por EH Bildu para responder a los últimos ataques del Gobierno español, representado por Carlos Urquijo en los tres herrialde de la CAV. A su parecer, las actuaciones del delegado estatal, que ha vetado la designación de Pablo Gorostiaga como pregonero de las fiestas de Laudio y luego también la de Jone Artola como txupinera de la capital vizcaina, encierran una «fuerte carga de profundidad».

«El Gobierno del PP, a través del correveidile Urquijo, nos lanzaba un mensaje: nos da igual que seáis mayoría, nos dan igual las fiestas, no da igual Bilbo... si lo que decidís no nos gusta, nos lo cargamos. Ahora han embestido contra la txupinera, pero da igual de lo que se trate, Madrid siempre buscará la excusa para seguir negando, imponiendo, criminalizando. Y pensando en mañana, en el futuro, están empeñados en negar el derecho a decidir que nos corresponde», destacó la concejal.

Estas palabras, pronunciadas frente a la Casa Consistorial de la villa, sobresalieron en el final de la marcha reivindicativa, convocada por EH Bildu para defender el futuro y la soberanía de Euskal Herria y, de paso, recordar a La Moncloa que la sociedad vasca «tiene la mayoría de edad suficiente para nombrar txupineras a quienes les representan, así como para decidir su futuro en paz y libertad».

La manifestación, que llevó por lema «Sasi guztien gainektik, Euskal Herria martxan!», partió a las 12.10 desde la plaza Elíptica, donde se dieron cerca de 2.000 personas. Ciudadanos anónimos y rostros conocidos en el ámbito político, como es el caso de Joseba Permach, Hasier Arraiz, Rebeka Ubera, Julen Arzuaga, Tasio Erkizia, Unai Ziarreta, Laura Mintegi e Igor López de Munain, entre otros, que fueron sumando nuevos apoyos mientras avanzaban por la Gran Vía. Este fue el caso de los trabajadores de Incoesa, de los representantes de Pentsionistak Martxan o de los vecinos de Urduña, que su unieron a la manifestación a la altura del Palacio Foral.

Todos juntos, entre aplausos, recorrieron parte de la Alameda Mazarredo y cruzaron los jardines de Albia para terminar la marcha delante del Ayuntamiento, donde se habilitó un pequeño escenario. Ibaibarriaga fue la primera en tomar la palabra. Tras criticar la actuación de Urquijo, tal como se ha expuesto, la edil defendió la elección de Artola, «la txupinera de esta ciudad».

«La sociedad vasca ha expresado su voluntad y no va a haber ni gobierno ni delegado ni juez que la pare», añadió. Casi al mismo tiempo, el presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Luis Garrido, amenazaba con que, de confirmase la suspensión del nombramiento de la comparsera, la Justicia española podría emprender acciones contra ella por un supuesto delito de «desobediencia» al haber participado en varios actos.

Comprometidos con la paz

El portavoz nacional de Alternatiba, Oskar Matute, sucedió a Ibaibarriaga en el estrado. Ante los congregados, que llenaron el espacio existente entre el Ayuntamiento de Bilbo y las txosnas del Arenal, el parlamentario soberanista subrayó que, en el terreno de la resolución del conflicto que padece Euskal Herria, los sectores políticos, sociales y sindicales «comprometidos con el nuevo tiempo debemos hacer frente a la estrategia de bloqueo y colapso a la que el Estado nos quiere condenar».

A este respecto, recordó que «Aiete y las recomendaciones de los expertos y de los agentes comprometidos en el proceso de resolución han planteado un camino que es preciso abonar y alimentar. Ese es el reto y el compromiso que adquirimos». Pero no todos los partidos caminan en la misma dirección. «PP y PSOE han apostado por dar una nueva vuelta de tuerca a la vulneración de derechos, por sostener su violenta estrategia en las cárceles y ahondar en la criminalización con la activación de macrojuicio en la Audiencia Nacional», lamentó.

Por último, Matute denunció la «destrucción de los derechos sociales y laborales» impuesta por los dos grandes partidos estatales, y aplicada por el PNV en la CAV. «El jueves Urkullu nos vendía humo diciendo que las aguas de la crisis están controladas. Es una falta de consideración y respeto hacia los trabajadores a los que están haciendo pagar las consecuencias de la crisis a base de despidos y perdida de derechos», concluyó.