El Gobierno de Nafarroa no abonará una decimoquinta paga anual a los funcionarios, pese a haberlo aprobado el Parlamento foral, porque alega que «se trata de una medida que el Tribunal Constitucional (TC) paralizará y que, aunque pudiera llevarse a cabo, requiere de una ley foral que garantice su financiación».

Así lo señaló ayer el consejero portavoz del Ejecutivo, Juan Luis Sánchez de Muniáin, quien tras la primera cita del Consejo de Gobierno tras el verano, indicó que en ella acordaron comunicar al Parlamento foral la decisión, tomada tras conocer los informes de la Asesoría Jurídica y de la Intervención General de la Administración foral.

Se trata de la ley foral, aprobada por toda la oposición, que prevé un complemento de compensación para los funcionarios por la supresión de una paga en 2012, a pagar antes del 31 de agosto, plazo ante el que declaró el portavoz no llegarán por haber observado que «falta una ley previa que habilite créditos suficientes para abonarlo, y estar pendientes de la decisión del TC sobre su constitucionalidad.

«Se sabe que el Estado ha presentado un recurso de inconstitucionalidad, que lleva aparejada de forma automática la suspensión de la medida», afirmó Sánchez de Muniáin, quien dijo que el TC lo hace así en «el cien por cien de los casos».

Asimismo, el portavoz gubernamental añadió que, «además de su inconstitucionalidad, esta ley adolece de un defecto que la hace inaplicable» ya que, según dijo, precisa de una ley previa de suplemento de crédito para poder abonarla».

Crítica de ELA

Por su parte, el sindicato ELA lamentó la medida adoptada por el Gobierno de UPN y le advirtió de que tal decisión supone incumplir una ley foral. Asimismo, denunció que la presidenta, Yolanda Barcina, se «escuda» en el Tribunal Constitucional para «lavarse las manos» en el impago de la mensualidad.

Por medio de una nota, la central criticó lo que calificó como «flagrante desprecio» que esto supone «hacia los principios democráticos y los derechos ciudadanos».

En su comunicado, ELA mantiene que en este momento estas leyes forales están «plenamente vigentes y, por tanto, obligan al Gobierno foral como a cualquier ciudadano».