El delegado del Gobierno español en la CAV, Carlos Urquijo, defiende la política penitenciaria desarrollada por Madrid por ser «perfectamente legal y no tener ninguna contestación en los tribunales». A su juicio, «no hay ningún elemento que indique haya que modificarla» y apuesta por el mantenimiento de la misma porque, según destaca, «evita que ETA controle a sus presos».

En una entrevista concedida a Europa Press, Urquijo también utilizó un tono de cierta frivolidad al referirse a la dispersión del Colectivo de Presas y Presos Políticos Vascos. «Las condenas han sido impuestas por tribunales de Justicia en los que los terroristas han dispuesto de todas las garantías judiciales para su defensa, y el lugar donde cumplan la pena es anecdótico», comentó, eludiendo al mismo tiempo el impacto que esa política tiene sobre los allegados de los prisioneros vascos.

No quiso entrar en contradicciones con los tribunales cuando se le preguntó concretamente por la situación del preso Josu Uribetxeberria, de la que dijo que «no me agrada personalmente» pero «se ajusta a la legalidad». No obstante, advirtió de que «lo mismo que hay progresiones de grado puede haber regresiones, que las determinará el juez de Vigilancia Penitenciaria en función de los informes de la junta de tratamiento médico».

Otro de los temas de política penitenciaria abordado durante la entrevista fue el de la doctrina 197/06 del Tribunal Supremo español, por medio de la cual se ha ampliado la condena a decenas de ciudadanos y ciudadanas vascas. Actualmente, según datos de Herrira, son 70 los presos afectados por esa interpretación de la ley «construida» por las autoridades españolas

Tribunal de Estrasburgo

A este respecto, Carlos Urquijo abogó por esperar a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncie en el caso de Inés del Río, aunque considera que «lo que se cuestiona es una sentencia, no la política penitenciaria». La Corte de Estrasburgo falló inicialmente contra el Estado español, que recurrió a la Gran Sala, que es quien ahora debe resolver.

«En el caso de que el tribunal no atendiera el recurso presentado por el Gobierno de España, hablaríamos de que afecta a una persona, no en relación a la serie de reclusos a los que se ha aplicado la doctrina Parot», manifestó el delegado español en la CAV, avanzando así cuál sería la postura que intentaría adoptar Madrid si Estrasburgo ratifica la condena.

Haciendo oídos sordos a lo que demanda la mayoría de la sociedad vasca, afirmó que la política penitenciaria no está «cuestionada» y «no hay ningún elemento que indique que hay que modificarla» porque, dijo, está dando un «resultado adecuado».

Y volvió a justificar la dispersión: «En su momento se puso en marcha por una razón clara, que era evitar que la banda [la organización armada ETA] controlase a sus miembros si están recluidos en un número muy reducido de prisiones. Ese era el objetivo y no veo ninguna razón para que tenga que ser modificada la política penitenciaria».