Los acontecimientos que se están desarrollando estos días en Colombia, y en especial (pero no sólo) la extensión y repercusión que está teniendo el paro nacional agrario y popular, nos demuestran que algo se está moviendo en este país latinoamericano.

El paro nacional agrario y popular comenzó el pasado 19 de agosto, y ha sido el catalizador de diversos descontentos sociales de diferentes sectores integrados en la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo -MIA-, la cual integra seis puntos estructurales para la negociación económica, política y social del país, tal y como tuvimos oportunidad de presenciar directamente la pasada semana durante nuestra estancia en Bogotá.

Colombia, a pesar de contar con 12 millones de campesinos, la mayoría de los cuales trabaja en la economía informal, sin derechos ni cobertura alguna, importa más del 50% de los alimentos que consume, más de un 75% de ellos de EEUU. En el campo, la tasa de pobreza llega al 46,8%; el 77% de las tierras está en manos del 13% de propietarios. La desigualdad social agraria está en la raíz del conflicto político, social y armado que sufre este pueblo desde hace ya varias décadas, y que tiene su plasmación más cruenta en los más de cinco millones de desplazados que tuvieron que huir del campo a la ciudad, en las decenas de líderes sindicales y agrarios asesinados y en la injusta distribución de las tierras.

Ahora, el problema se ha visto agravado por la firma de los mal llamados Tratados de Libre Comercio con EEUU, Corea del Sur, China y, últimamente, con la Unión Europea, que condenarán al campesinado a una mayor pobreza y precariedad. Por eso, no dudaron en levantarse todos ellos en todas las regiones del país, y sumarse al paro nacional convocado. Hay que tener en cuenta que el 75% de los municipios colombianos, donde vive el 31,6% de la población, son rurales, y que el 58% de los hogares rurales se hallan con algún grado de inseguridad alimentaria, con un 20% de los niños menores de cinco años padeciendo desnutrición crónica.

El sector campesino del país exige que se adopten medidas para poner fin a la crisis de producción agropecuaria, que se garantice el acceso a la propiedad de la tierra, el reconocimiento a la territorialidad campesina, la participación de las comunidades y los pequeños mineros en el desarrollo de la política minera y que se respeten los derechos políticos y sociales de la población rural, haciendo inversiones en educación, salud, vivienda, servicios públicos y comunicaciones en el campo.

Pero el paro en Colombia y las posteriores movilizaciones han superado con mucho el ámbito agrícola y otros sectores se han sumado de forma espontánea: los artesanos y pequeños comerciantes, que no pueden competir con los productos importados por las multinacionales a un precio irrisorio, los alumnos que luchan por una enseñanza gratuita y de calidad, los transportistas que protestan por el coste adicional que les suponen los peajes, los indígenas, etc. También los mineros artesanales, que se han visto afectados por la entrega a las grandes multinacionales de la explotación de las minas (especialmente de oro), se han sumado al paro, y los trabajadores de la multinacional Drummond, que desde el 23 de julio llevan a cabo una huelga referencial contra la misma.

Todo este malestar social, que era anterior al paro nacional agrario y popular, vio en este un referente y un catalizador. Por ello amplias capas sociales se han ido sumando a las movilizaciones, tal y como pudimos presenciar en las manifestaciones y cacerolazos que se celebraron en Bogotá la semana pasada.

Otro factor a tener en cuenta es que las citadas movilizaciones convocadas en las principales ciudades del país fueron de forma espontánea en la mayoría de los casos, y a ellas se sumaron a posteriori los partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales de la izquierda colombiana. Es decir, que el pueblo se echó a la calle a inicativa propia y ha señalado el camino a seguir a las organizaciones progresistas y revolucionarias de Colombia. Así, las movilizaciones de comienzos de la semana pasada en Bogotá se convocaron utilizando los medios alternativos y redes sociales como el facebook, twitter, etc.

Ante esta situación de movilización social generalizada en 25 departamentos de todo el país, la actuación del Gobierno de Santos no ha podido ser más represiva, torpe y ridícula. Así, en un primer momento negó que existiese paro alguno, para después admitirlo ante la evidencia que suponían los cortes de carretera, las manifestaciones multitudinarias y el cierre de universidades. A renglón seguido, el Gobierno colombiano y los principales medios de comunicación, que al principio optaron por ignorar las movilizaciones (con la notable excepción de Telesur), pasaron a criminalizar la protesta, haciendo responsables de los incidentes a las organizaciones políticas, sindicales y sociales de la izquierda colombiana y estableciendo el toque de queda en las principales ciudades del país. Finalmente, optaron por la represión más brutal, utilizando para ello al ESMAD1 y las fuerzas policiales y armadas de Colombia, e incluso a infiltrados en las manifestaciones. La consecuencia, hasta el momento, ha sido una decena de civiles muertos, decenas de heridos y centenares de detenidos de forma totalmente arbitraria, entre ellos el dirigente de la central sindical CUT e integrante de la Marcha Patriótica Huber de Jesús Ballesteros.

Una vez más, el talante antidemocrático y totalitario de Santos y su Gobierno han quedado de manifiesto. No podemos olvidar que Santos, a pesar de intentar aparentar un talante negociador en las conversaciones de La Habana, fue uno de los ideólogos del sistema de primas a los militares que tuvo como consecuencia el asesinato de civiles por los militares colombianos, que los presentaban como guerrilleros caídos en combate (falsos positivos); asimismo, a pesar de hablar continuamente de paz, ha continuado con la política de ejecuciones extrajudiciales de miembros de las guerrilas colombianas. Ahora ha vuelto a quitarse la careta optando por la represión más salvaje contra el pueblo civil colombiano.

No obstante, esta última escalada represiva puede costarle muy cara en estos momentos en que pretende optar a la reelección. La actual crisis ha tenido repercusiones en el Gobierno de coalición de Unidad Nacional, conformado por el Partido Liberal y el Partido Conservador. El malestar y la indignación que ha generado, unidos al deterioro social al que las políticas económicas y sociales de su Gobierno están condenando a la mayoría de la sociedad colombiana, hacen que la derecha vea peligrar su Gobierno en Colombia por primera vez en muchos años, ahora que además no puede utilizar de chivo expiatorio la lucha armada de las FARC-EP y el ELN, que han demostrado claramente voluntad de negociación y de llegar a acuerdos. El paso más reciente en ese sentido ha sido la puesta en libertad por parte del ELN del vicepresidente de exploraciones de la multinacional Braeval Mining Co., el canadiense Gernot Wober, la semana pasada.

La movilización social y popular, el paro agrario, los levantamientos de otros sectores (estudiantes, indígenas, transportistas, trabajadores, etc.), las conversaciones de La Habana y la actitud de las FARC-EP y el ELN, etc. están creando una serie de expectativas, ilusiones y sinergias en la mayoría del pueblo colombiano que, si son bien aprovechadas por las fuerzas políticas de izquierdas en Colombia, pueden dar lugar a una acumulación de fuerzas populares, desde una perspectiva de clase, que por primera vez en mucho tiempo disputen la hegemonía política, social e institucional a la derecha en este país. Evidentemente, el camino no será fácil, habrá obstáculos y dificultades, y será clave la capacidad de la izquierda colombiana de articular una alternativa y un programa políticos atractivos para la mayoría de la sociedad. El capital social y movilizador existe, tal y como hemos visto estos días en Bogotá. Ahora hace falta articularlo para conseguir que Colombia deje de ser el Israel de América Latina, al servicio de los Estados Unidos, y se convierta en punta de lanza del proceso de integración de Nuestra América bolivariana. La lucha histórica del pueblo campesino y trabajador colombiano, de sus luchadores, de sus desaparecidos y asesinados, bien merece ese esfuerzo.