Desvincular del IPC la revalorización de las pensiones es uno de los aspectos que han sido más criticados de la propuesta del Gobierno del PP. Así, el portavoz económico de Amaiur en el Congreso, Rafael Larreina, denunció que supondrá una pérdida de poder adquisitivo para los jubilados, por lo que propuso que para garantizar la sostenibilidad del sistema se trabaje por la vía de los ingresos, haciendo aportaciones desde los Presupuestos Generales del Estado a la Seguridad Social.

En opinión de Amaiur, «detrás de todos estos planteamientos está la intención del PP de privatizar las pensiones, de dar cancha a la banca, a las grandes aseguradores, que son las que hacen negocio con los fondos de pensiones y las necesidades de los pensionistas».

Larreina criticó también que en las consultas del Ejecutivo de Rajoy con los agentes sociales no convocara a los sindicatos mayoritarios vascos, lo que hace que la reforma «carezca de legitimidad» en Euskal Herria, por lo que reclamó que las pensiones se gestionen directamente desde el Gobierno autonómico.

«Conquista de la democracia»

Por su parte, el ex ministro del PSOE y ex presidente del Parlamento europeo, Josep Borrell, declaró en Bilbo que desligar las prestaciones del IPC, será «el final del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones», que era «una de las grandes conquistas de la democracia». «Si esa reforma acaba definitivamente con eso, es una muy mala noticia para la sociedad española», añadió.

Crítica también con la propuesta fue la formación conservadora catalana CiU y, así, su portavoz económico en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, reconoció su «preocupación» por la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados. En su opinión, los pensionistas «ya han hecho muchísimo esfuerzo trabajando y no se les puede pedir un sacrificio complementario de pérdida de poder adquisitivo».

Desde los sindicatos, las críticas fueron generalizadas. Así, para LAB la reforma supone una «agresión» para las pensiones futuras. La central denunció que con estas medidas, el Gobierno español «impone los intereses de la banca y las compañías aseguradoras recogidos en el informe de los expertos».

Esta central considera que en respuesta «es necesario reaccionar con contundencia» y es preciso «reaccionar como pueblo», por lo que «el PNV tiene que decidir entre la sumisión al modelo español o la adopción de medidas para garantizar en Euskal Herria las pensiones a través de un sistema de Seguridad Social propio». En este sentido, exigió a instituciones, partidos y agentes sociales la creación de «un ámbito de diálogo y negociación».

CCOO y UGT

Desde CCOO-Euskadi, la secretaria de Acción Sindical, Mari Cruz Vicente, a la espera de que el Ejecutivo detalle a los sindicatos su propuesta para analizarla «en toda su extensión», rechazó los contenidos del avance de sus planteamientos trasladado «de forma verbal» y opinó que es «complejo y difícil» poder llegar a un acuerdo en este materia.

Vicente reclamó que se continúe utilizando el criterio de la evolución del IPC y que, «cuando la Seguridad Social tenga superávit como en años atrás, debe ir destinado al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que no solo es un fondo útil, sino necesario».

Por su parte, la responsable de Acción Sindical de UGT-Euskadi, Maribel Ballesteros, auguró que «la conflictividad está prácticamente garantizada» este otoño, tras «la vuelta de tuerca más» que supone la propuesta de reforma del sistema público de pensiones. Además, matizó que «el problema» no es este sistema, sino «un mercado laboral cada día más debilitado».