Los Técnicos del Ministerio español de Hacienda (Gestha) ofrecieron ayer datos pormenorizados sobre el efecto de la amnistía fiscal de 2012 por comunidades. En Hego Euskal Herria, apenas tuvo efecto, ya que no afloraron ni 400.000 euros en total de los casi 1.200 millones que salieron a la luz en el Estado español para acogerse a los beneficios de la medida, ya que solo tuvieron que tributar al 10%, muy por debajo de las condiciones fiscales actuales para las grandes fortunas.

La razón está en que las diputaciones vascas no aprobaron esa medida de gracia. Madrid y Catalunya concentraron más de 760 millones recaudados, seguidas de otras zonas como Comunidad Valenciana (124,2 millones de euros), Andalucía (65,2) y Galicia (44,6).

Gestha asegura que «tuvo unas consecuencias poco representativas. En todo el país, la adhesión de los contribuyentes a esta medida fue poco representativa, debido en gran medida a la confianza en mantener oculto el patrimonio en paraísos fiscales. De hecho, la amnistía apenas recaudó la mitad de lo presupuestado por el ministro de Hacienda, que ascendía a 2.482 millones».

Lo más importante para Gestha es que la recaudación de la amnistía, «que afectó principalmente a los años 2008 a 2010, en relación a la evasión total en esos tres años», supone que menos de un 3% de la evasión total del país se acogió a la medida de gracia. «Es decir, el 97% de la evasión sigue manteniendo sus activos ocultos». Recuerda que el 71,8% de la evasión fiscal procede del fraude cometido por grandes patrimonios y corporaciones empresariales, «suma más de 42.000 millones que escapan cada año al control de Hacienda».

Además, según indican los técnicos de la Hacienda española «este fraude está en sintonía con las elevadas cantidades de billetes de 200 y 500 euros que se siguen moviendo en nuestro país, que representan el 75% de todo el efectivo circulante en la economía, según los datos del Banco de España».

Multinacionales

Con estos datos sobre la mesa, los Técnicos del Ministerio de Hacienda consideran que la Agencia Tributaria debería dedicar «más esfuerzo a perseguir el fraude de las multinacionales y grandes compañías del país, en vez de concentrar al 80% de los recursos en investigar a autónomos, microempresas, pymes y asalariados». Entienden, que «la presión inspectora se realiza en el lugar equivocado».