El think tank del Gobierno alemán ve posible la secesión de Catalunya
La Fundación Ciencia y Política (SWP), que asesora al Gobierno alemán en materia de Política Internacional y de Seguridad, ha analizado el pulso político entre Catalunya y Madrid, considerando la independencia como una opción viable. Es la primera vez que una institución pública alemana baraja esta posibilidad, y plantea una serie de propuestas que ayuden a la UE a controlar las consecuencias.
Ingo NIEBEL | COLONIA
«La clave de una solución constructiva de la cuestión catalana se halla en Madrid», concluye Kai-Olaf Lang su reciente análisis científico que lleva como título la pregunta «¿Catalunya en el camino hacia la independencia?».
El académico, quien dirige el Grupo de Investigación de la Integración de la Unión Europea de la SWP, considera factible que el Principado se separe del Estado español si Madrid no consigue ofrecer un «statu quo plus», un modelo jurídico mejorado, para neutralizar al movimiento soberanista.
Según Lang, las «fuerzas moderadas», que optan por algún modelo federalista, ganarían terreno si el Gobierno central ofreciera nuevas competencias y un reforma del cupo a Catalunya. Entonces, en un futuro referéndum, los votantes no solo tendrían que elegir «entre la actual forma de la autonomía y la independencia, sino entre el `statu quo plus' y el propio estado».
Arraigo social
En su estudio de ocho páginas, que se centra en la actual situación política, el alemán considera factible la separación de Catalunya, primero, porque para él «la marcada característica del movimiento catalanista es su arraigo en la sociedad civil como también en las ciudades y municipios».
Reconoce que a lo mejor el Govern «auspicia tales iniciativas de la sociedad civil, pero no las dirige». Por lo tanto la independencia es «algo figurable para cada vez más sectores de la población o bien ha dejado de ser un tabú».
En segundo lugar, otro factor que favorece a la opción independentista y al que Lang se refiere de forma prudente repetidas veces, es que «Madrid rechaza o no reacciona en absoluto a la demanda de Barcelona». Esta actitud y también los pasos dados por el Ejecutivo catalán podrían llevar a una situación «en la que la UE o bien sus estados miembro podrían llegar a un punto en el cual tendría que deliberar sobre si no fuese preferible una separación negociada a un estado de inestabilidad permanente», destaca. Si se diese esta coyuntura, la UE tendría que estar preparada política e institucionalmente para esa ruptura.
Reconocimiento en la UE
Una de muchas preguntas que Lang plantea es quién reconocería acorde con el Derecho Internacional al Estado catalán. Propone que se utilice el modelo de Chipre como referente: «toda la isla es estado miembro de la Unión Europea pero el acervo comunitario se aplica solo en una parte».
Pero en el caso de Catalunya este ejemplo funcionaría a la inversa, según el politólogo: solo el Estado español seguiría siendo miembro de la UE, el catalán aún no, aunque las leyes comunitarias sí estarían en vigor en el nuevo estado.
De esta forma Lang quiere proteger a las empresas extranjeras, entre ellas las casi 600 firmas alemanas, que operan desde territorio catalán.
Otra pregunta entre muchas más que se plantean es cómo Catalunya podría recibir ayuda financiera en caso de que la necesitase. El académico de la SWP no ofrece respuestas porque quiere esbozar un escenario posible.
Llama la atención que Lang no ha recurrido a la tradición centenaria de la política exterior alemana de defender a capa y espada la unidad territorial española sino que ha partido del punto de que la independencia de Catalunya es factible debido a las circunstancias actuales.
Sobre esta base ha dibujado dos escenarios políticos concretos. Cuál de los dos se haga realidad depende en un principio de los catalanes y del Gobierno español, aunque también Berlín podría tomar cartas en el asunto.
El autor del análisis observa que el absoluto rechazo del Gobierno español podría llevar a la Unión Europea a un punto en el cual tendría que deliberar sobre si no fuese preferible una separación negociada a un estado de inestabilidad permanente.
Pese a que hace apenas unos días la delegada del Gobierno en València, Paula Sánchez de León, se negó a desautorizar la cadena humana de la Diada en el País Valencià al considerar que abordaba cuestiones de «derechos fundamentales», la subdelegación del Gobierno en Castelló prohibió ayer la extensión de la `Via Catalana cap a la Independència' a Vinarós, arguyendo motivos de seguridad vial. A su vez, la subdelegación del Gobierno en Alacant prohibió, en este caso por comunicar la convocatoria demasiado tarde, el acto de apoyo a la Diada convocado hoy en Guardamar del Segura, en el extremo sur del País Valencià. Pese a que la Assemblea Nacional Catalana (ANC) solo se responsabiliza del recorrido de la Vía Catalana dentro de la Comunidad Autónoma de Catalunya, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) -de mutuo acuerdo con la ANC- convocó la extensión de la cadena hasta territorio valenciano. Concretamente, pretendía alargarla hasta Vinarós, a menos de un kilómetro de la frontera con el Principat, un enlace que iban a protagonizar los músicos Lluís Llach y Carles Santos, este último acompañado por la familia de Guillem Agulló, joven independentista muerto en Montanejos (Castelló) por un grupo fascista hace 20 años. Aunque resulta evidente el trasfondo político de la medida -el PP valenciano se opuso a la convocatoria desde el primer momento-, la subdelegación basó su prohibición en un informe de la Guardia Civil, según el cual la movilización «alteraría el mantenimiento de la seguridad vial y ciudadana». Es decir, lo que no ha sido problema en los 400 kilómetros de Via Catalana en el Principat, lo es en el apenas medio kilómetro de País Valencià. La ACPV anunció ayer que mantendrá la convocatoria del acto, aunque todavía no está claro con qué formato. Entre las posibilidades: concentrarse en la localidad de Vinarós, trasladar la cadena valenciana al propio Principat o mantener la cadena en el recorrido previsto.
Las prohibiciones coinciden con la campaña mediática impulsada desde ayer por la prensa madrileña, según la cual los presidentes español y catalán, Mariano Rajoy y Artur Mas, estarían negociando una salida al proceso soberanista que pase por un nuevo modelo de financiación o por una consulta de múltiples preguntas en la que no se hable de independencia. Un extremo negado por el propio Govern, cuya vicepresidenta, Joana Ortega, anunció ayer que participará en la cadena humana. Se trata del primer cargo público de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) que confirma su participación. Beñat ZALDUA
