Tras meses de negociaciones, PNV y PSE han cerrado un acuerdo que, a falta de conocer más concreciones, si va en serio, es un acuerdo potente. Tanto por las materias que aborda -fiscalidad, empleo e infraestructuras, arquitectura institu- cional y bienestar social- como porque garantiza una percha de estabilidad para el Gobierno de Urkullu y, sobre todo, porque abre las puertas a futuras coaliciones en otras instituciones, el documento tiene implicaciones de largo alcance. El PSE puede vender ante su público concesiones arrancadas al PNV y este, consciente de que su base social no es partidaria de ese socio preferente, tendrá que hacer sus piruetas para ello, aunque no le resultará muy difícil dado los antecedentes -el modelo Ardanza- y su trayectoria pactista.

El PSE se apresuró en afirmar que no se trata de un acuerdo de gobierno ni de legislatura. Pero tampoco se trata de un acuerdo de país que dé satisfacción a los asuntos críticos que en este momento afectan a la ciudadanía vasca, a saber, crisis, paz y marco político. Este acuerdo no tiene como objetivo la búsqueda un nuevo punto de partida, de un nuevo consenso que se corresponda con la voluntad popular y que permita conocer democráticamente cuál es esa voluntad. Tampoco reconoce que en lo socioeconómico hacer las cosas como hasta ahora no era sostenible, ni posibilita liberarse de inercias propias y ajenas que puede arrastrar al país a escenarios más complicados.

El acuerdo sí fija posición política y seguramente servirá para mandar más fácil. Pero no demuestra liderazgo. Para ello hay que realizar propuestas desde diferentes ámbitos, que reestructuren y potencien una agenda que contemple que aquí una parte importante de la población quiere la independencia y que la quiere por métodos democráticos y pacíficos. Todo acuerdo que quiera ser duradero, estable y justo requiere de esa ambición. PNV y PSE han demostrado que ahora, en este país, no les interesa acordar en esos términos.