La fundación que denunció la ilegalidad de las obras del TAV, Sustrai, acudió ayer al Parlamento para explicar la inseguridad legal con la que comenzó la construcción del Corredor Navarro. UPN, sin embargo, se mostró convencido en seguir adelante con las obras, confiando en que prosperará el recurso que ha puesto el Estado a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Un día antes de la comparecencia, el Gobierno navarro anunció que la sentencia del TSJM que anulaba las declaraciones de impacto ambiental (DIA) había sido recurrida por Madrid ante el Supremo. Su postura ayer fue que, al haberse interpuesto este recurso, la sentencia aún no es firme y, por tanto, las obras podrán continuar. María Victoria Castillo (UPN) aseguró que ellos confían en que las DIA siguen vigentes y añadió que el Gobierno tiene documentos que lo acreditan. Sustrai respondió que, de existir esas pruebas, no entiende cómo no se aportaron al juicio.

El abogado de la fundación, Eduardo Santos, exigió la dimisión del actual consejero de Fomento, Luis Zarraluqui, por haber comenzado las obras sin los permisos. Santos afirmó que su decisión de denunciar el proyecto no fue por ningún «capricho», sino por entender que era necesario reevaluar las declaraciones de impacto para adaptarlas a la nueva situación. A su juicio, el intento de recurrir al TS para detener la ejecución de la sentencia pretende «dar cobertura a un muerto».

Los partidos de la oposición se alinearon con Sustrai, salvo el PSN, que sigue considerando que el proyecto original del TAV es el que más conviene a Nafarroa y rechazando el nuevo modelo que apuesta por el tercer hilo. Aun así, Maite Esporrín reclamó a UPN que cumpla la legalidad en las obras.

Víctor Rubio, de Bildu, cuestionó que «a día de hoy siga habiendo alguien que defienda este tipo de pelotazos» y dijo no entender el empeño en mantener semejante proyecto cuando varias líneas de TAV se están cerrando ya en otros puntos.

Para I-E, el proyecto resulta «totalmente desmesurado y poco justificado». Y en cuanto a Aralar, Juan Carlos Longás dijo que no ve en UPN «indicios» de querer acatar la ley. Geroa Bai no está presente en esa comisión, pero trasladó previamente a Sustrai que para ellos el nexo con la «Y vasca» es prioritario.