El asesinato de chilenos por tropas bajo el mando de los cuatro generales alzados en contra del presidente Salvador Allende se inició cuarenta años atrás en la mañana del Once de Septiembre de 1973 y pronto, al día siguiente, decidieron «legalizar» las matanzas con la singular y falaz decisión de crear una guerra por decreto en la cual el único adversario sería simplemente el pueblo desarmado.

En el Diario Oficial del 22/9/73 se inserta el Decreto-Ley Nº 5 del 12/9/73 que señala: «Declara que el Estado de Sitio decretado por conmoción interna debe entenderse `Estado o Tiempo de Guerra'» (comillas del original). La explicación de tal medida se encuentra en el artículo 2º que apunta: «Cuando la seguridad de los atacados (los militares obvio) lo exigiere, podrán ser muertos en el acto el o los hechores». (sic)

Otras especificaciones del mencionado Decreto ilustran sobre la ferocidad y la intención de matar de los autores. Ejemplos: «En tiempo de guerra conforme al artículo 418 del Código de Justicia militar, las penas establecidas serán, respectivamente, presidio mayor en su grado mínimo a muerte y presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo». Aclara, además, «En tiempo de guerra la pena será presidio mayor en su grado mínimo a muerte».

Sigue Perogrullo: «Si por las circunstancias concurrentes la pena que correspondiere aplicar fuere la muerte, se aplicará Esta precisamente». Más adelante, en noviembre de 1973 otro Decreto-Ley apuntaba: «El que ingrese clandestinamente al país será sancionado con la pena de presidio mayor a muerte». Aclara que «El conocimiento del delito corresponderá a los tribunales militares y su juzgamiento se ajustará a las normas del Código de Justicia Militar».

Nótese que eventualmente algunos chilenos serían eliminados por ingresar a su propio país. Los firmantes de toda esa «legislación» fueron los miembros del cuarteto de la muerte: Augusto Pinochet Ugarte, comandante en jefe del Ejército, José Toribio Merino Castro, almirante, Comandante en Jefe de la Armada, Gustavo Leigh Guzmán, general del aire, comandante en jefe de la Fuerza Aérea y César Mendoza Durán, Director General de Carabineros.

En el mismo acto designaron a Pinochet como presidente de la Junta y de inmediato comenzaron a eliminar a las organizaciones sociales, políticas, sindicales, gremiales y prohibieron cualquier clase de elecciones, incluso aquellas de los clubes deportivos. La redacción primaria de los decretos juntistas rememoraba las chanzas de Rabelais de siglos pasados, mas lamentablemente en Chile hubo solo tragedia y magna ella con millares de asesinados, torturados, exiliados y familias destruidas. Una pesadilla que permanecería por 17 años.

Se desconoce por completo los detalles de procesos en el marco de la supuesta justicia castrense, pero sí pronto se conocerían detalles de asesinatos sin juicio de por medio. El 30 de noviembre de 1978 se descubrió en los hornos de una exmina de cal los cadáveres de catorce personas. En este caso la investigación corrió por cuenta de los tribunales civiles y los cuerpos estaban reconocibles precisamente por efecto del mineral.

Pudo establecerse que las víctimas eran campesinos del lugar, una zona campestre cercana a Santiago, la capital de Chile. Se demostró que habían sido detenidos por Carabineros y ejecutados en los mismos hornos en que fueron enterrados. A partir de este episodio comenzaron a incrementarse las denuncias de homicidios sin causa judicial ninguna de por medio. Al cumplirse cuarenta años desde el golpe de estado hay todavía millares de personas desaparecidas en Chile.

El primer decreto-ley, fechado el mismo once de septiembre, es relativo a la creación de la «Junta de Gobierno» y necesariamente, por su índole, contendría una gruesa falsedad. Posee solo el siguiente «Considerando»: «Que la Fuerza Pública, formada constitucionalmente por el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Carabineros, representa la organización que el Estado se ha dado para el resguardo y defensa de su integridad física y moral y de su identidad histórico-cultural».

Hasta esa nefasta fecha, Chile era considerado una nación democrática, y por la fuerza de las armas se había convertido en un gran cuartel castrense. El 24 de septiembre dictaminaba la desaparición de la organización nacional de los obreros y con un decreto-ley cuyo artículo primero apunta a la letra: «Cancélase (sic) la personalidad jurídica de la Central Unica de Trabajadores (CUT) por haberse transformado en un organismo de carácter político, bajo la influencia de tendencias foráneas y ajenas al sentir nacional». El otro artículo amenaza: «La infracción a esta norma será penada con presidio, relegación o extrañamientos mayores en cualquiera de sus grados».

El 22 de septiembre declara el término de los Alcaldes y Regidores, aunque agrega impávida: «Desde la vigencia del presente decreto, los Alcaldes serán designados por la Junta de Gobierno». El 24 del mismo mes la eliminación de turno correspondió al Parlamento: Artículo 1º: «Disuélvese (sic) el Congreso Nacional, cesando en sus funciones los parlamentarios en actual ejercicio, a contar de esta fecha».

La ignorancia es atrevida, dice el dicho y así aconteció con la decisión juntista de proclamar como ilícitos y disueltos a una docena de partidos políticos que según los golpistas eran «marxistas», y argumentó entonces «Que la doctrina marxista sobre el Estado y la lucha de clases es incompatible con la unidad nacional». En un artículo separado se lee: «Prohíbase toda acción de propaganda, de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, de la doctrina marxista o de otra concordante con sus principios y objetivos». Por cierto, la dictadura clausuró diarios, radioemisoras, otras publicaciones y autorizó la circulación de únicamente dos periódicos que habían respaldado el golpe.

A la tiranía se debe también la instalación en Chile del primer Estado latinoamericano que «estrena» el régimen de un capitalismo salvaje. Creó asimismo una enorme corrupción en vastos sectores. Este cuatro de septiembre de 2013 el país ha conocido una declaración pública de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM) en la que pide perdón por el rol de los jueces entre 1973-1990. «El Poder Judicial y, en especial, la Corte Suprema de la época claudicó en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas» dice el texto, que ha provocado conmoción pública.

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