El Gobierno Azkuna pagó el jueves a Bilbao Ría 2000 los 12 millones de euros comprometidos con la sociedad interinstitucional como «indemnización» por la pérdida generada por la actualización, «a precios de mercado», del valor de las unidades de aprovechamiento urbanístico transferidas a esa entidad camino de la liquidación en virtud del convenio para edificar la Torre Iberdrola.

Fruto de la negociación con Bilbao Ría 2000, el Ayuntamiento se había comprometido a abonar antes del domingo esa cantidad extraída de los remanentes de tesorería de 2011 y 2012. En pleno extraordinario, el 16 de julio PNV, PP y PSE aprobaron la habilitación de un crédito por ese importe mientras EH Bildu se opuso por «el carácter ruinoso de este convenio» para los intereses ciudadanos.

Ayer, en rueda de prensa, su portavoz advirtió de que han detectado nuevas «irregularidades», en este caso en la tramitación administrativa. Aitziber Ibaibarriaga aseguró que no se ha respetado el procedimiento reglado en la Ley del Suelo, «y lo que es más grave, se está conculcando el derecho a la participación y a la transparencia de la que tanto presume este Ayuntamiento». No descartó acudir a los tribunales para pedir la anulación del proceso, decisión que podría adoptar la próxima semana.

Ibaibarriaga explicó que el Gobierno Azkuna no ha seguido el procedimiento que la Ley del Suelo de 2006 establece para los convenios urbanísticos en lo que a trámite de exposición pública se refiere y, por ello, en la comparecencia solicitó que no se ejecutase el pago de los 12 millones. Poco después, supo que se habían abonado el jueves.

Aunque desde el Consistorio se aduce que el convenio es de 2005, por lo que estima que no está sujero a la ley, lo cierto es que su contenido ha sufrido dos añadidos o adendas. En 2007, el Tribunal Vasco de Cuentas fiscalizó 33 convenios del Ayuntamiento en el periodo 2000-2004, incluido el de la torre.

Ibaibarriaga apuntó a que la conclusión fue clara, previa a la aprobación de esas operaciones tiene que establecerse un trámite de información pública. Además, apostilló la edil, el Consistorio se comprometió a aplicar el criterio general de la publicidad de los actos a los convenios urbanísticos.

En esa línea, la Junta de Gobierno aprobó el 16 de febrero de 2011 que posteriores modificaciones de convenios o adendas, incorporarían ese procedimiento. Esto, denunció la portavoz, no ha sucedido con el pago de los 12 millones.

«Saltado la legalidad»

Ibaibarriaga acusó al Gobierno municipal de haberse «saltado la legalidad», al evitar el procedimiento de exposición pública de la adenda que fijaba el pago. Por ello, solicitará la comparecencia del director del Gabinete de Alcaldía, Andoni Aldekoa, para que explique las razones por las que no se abrió ese periodo y se ha optado por dar la orden de abonar los 12 millones.

EH Bildu supo ayer de la operación y acto seguido comenzó a analizar con su asesoría jurídica los pasos a dar. «Tendremos que tomar cartas en el asunto porque además ya sabemos que saltarse ni más ni menos que la exposición pública es un tema muy serio, además de políticamente inaceptable más aún en un consistorio que presume de transparencia constantemente», remarcó.