Familiares de desaparecidos saharauis y organismos pro derechos humanos reclamaron ayer en rueda de prensa en Rabat responsabilidades a los gobiernos marroquí y español tras el hallazgo por parte de un equipo de investigación de Euskal Herria, encabezado por el médico forense Paco Etxeberria y el doctor en sicología Carlos Beristain, de dos fosas con ocho cadáveres correspondientes a beduinos saharauis, entre ellos dos menores de edad, desaparecidos desde febrero de 1976.

La exhumación, realizada en una zona minada en pleno desierto del Sáhara, a escasos kilómetros del «muro de la vergüenza» construido por Marruecos para dividir el territorio saharaui, permitió establecer que murieron por arma de fuego tras su detención. Tanto en las fosas como en las inmediaciones se encontraron municiones y objetos personales, entre ellos dos DNI españoles.

La Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos (ASVDH) y el Colectivo de Defensores Saharauis de derechos humanos (CODESA) presentaron ayer en la sede de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), las conclusiones de esta investigación subvencionada por la Diputación de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Donostia y Euskal Fondoa, y en la que participó un equipo profesional de la UPV, Fundación Aranzadi y Hegoa.

El presidente de la ASVDH, Brahim Dahan, informó al Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH, órgano oficial de carácter consultivo), si bien criticó que desde 2006 no haya hecho ningún seguimiento de los casos presentados sobre otros desaparecidos.

También interpondrán demandas ante los ministerios de Justicia e Interior de Marruecos porque la identidad de cuatro de los desaparecidos figuraban en un listado oficial publicado por la Instancia Equidad y Reconciliación como muertos «por circunstancias» durante su detención en un cuartel de Smara.

Organismos saharauis y varios de los autores de la investigación acudieron ayer a la sede de la ONU en Ginebra para pedir que un comité internacional e independiente se traslade a la zona y se proceda de manera oficial a la exhumación y entrega de los restos a sus familiares. Amnistía Internacional se sumó a esta solicitud.